Las fincas de la discordia

Su arma, una cazuela. Hacerla sonar con fuerza todos los miércoles por la tarde, una forma de protesta muy barcelonesa. No han fallado una sola semana desde hace más de un mes. No las ha detenido ni la lluvia ni el frío. Protestan para reivindicar que ejercen la prostitución "de forma libre", respondiendo al principal argumento local para abordar el asunto: que son víctimas de mafias. No niegan que exista la trata -"algo que sí es un verdaderos problema para muchas mujeres"-, pero explican que ellas, las organizadas, son prostitutas por elección, y que la Administración busca mezclar las cosas.

La sábana que estas mujeres, varias decenas, muestran miércoles tras miércoles en la plaza frente a la Filmoteca contiene un mensaje claro: "Basta ya de acoso institucional a las trabajadoras sexuales". La mecha de esta nueva oleada de protestas del colectivo la ha prendido la compra por parte del ayuntamiento de las fincas 25 y 27 de la calle de'n Robador, donde viven y trabajan. "En algunos pisos vivimos, y otros los usamos para trabajar de manera digna. Tenemos contratos en vigor con el propietario. Nos sentimos engañadas por el ayuntamiento, ya que por un lado nos sentamos a la mesa técnica con la concejala del distrito y la de la Mujer para tratar nuestros problemas, y por el otro, nos enteramos de que han comprado las fincas para echarnos", indica Janet, portavoz de las prostitutas. Estos dos, en el epicentro de la actividad en la calle, no son los únicos inmuebles de la zona comprados por el consistorio «para recuperarlos». Sí son los últimas y son un ataque a la línea de flotación del colectivo.

El objetivo de la operación, según fuentes del municipio, es "rehabilitar las fincas y ponerlas en el mercado de alquiler asequible". Estas mismas fuentes afirman que desde hace más de un año están llevando a cabo una tarea «muy intensa» para intentar, "desde la autoridad administrativa", evitar "actividades ilegales en los pisos". "La actividad de meublé de pisos de las calles de'n Robador y Sant Ramon y del pasaje de Bernardí tiene un impacto muy negativo en el entorno y en la vida vecinal porque la captación de clientes se hace en la calle", apuntan las fuentes, que insisten en el que el ayuntamiento «pone a disposición de estas mujeres los servicios sociales". 

Fuentes policiales aseguran que entre enero y noviembre de este año la Guardia Urbana ha interpuesto un total de 1.190 denuncias por prostitución, un 36% menos que el año pasado. De estas, 713 eran por ofrecer servicios sexuales en la calle, es decir, multas a mujeres (un 29% menos que el año pasado); 293 por demandar servicios sexuales en la calle (un 43% menos que el año pasado), y 128 por mantener relaciones sexuales en la vía pública (un 54% menos que el año pasado). Uno de los principales temores de las entidades sociales que trabajan con prostitutas ha sido siempre que la presión y el cierre de los pequeños meublés lleve a muchas de estas mujeres a trabajar en la calle o en porterías, al negarse muchos clientes a pagar un hotel, lo que empeoraría las condiciones de trabajo de las prostitutas y las de vida de los vecinos.

También, según fuentes municipales, las llamadas de quejas de los ciudadanos en relación a la prostitución durante el 2014 han disminuido respecto al año anterior: un 19,3%.