PROPUESTA DEL PSC. UNA ACUSACIÓN RECURRENTE

Al juzgado por la deuda del Govern

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La discusión acerca de la deuda contraída por la Generalitat con el ayuntamiento es recurrente. De hecho, tal es la presión de la oposición que, meses atrás, se decidió crear una comisión ad hoc que sirva para que el gobierno municipal rinda cuentas sobre la situación del debe y el haber respecto al Govern. Pero la discrepancia es tan grande que, una vez más, el pleno escenificó ayer este enfrentamiento.

La proposición la presentó el PSC. Pedía al alcalde que dejara sin efecto el protocolo suscrito en octubre por el que el consistorio se queda con la Modelo, la nave central de Can Batlló y un edificio de la Via Laietana a cambio de reducir la deuda contraída. Los socialistas además pedían interponer un recurso contencioso-administrativo para reclamar la totalidad de la deuda que, según su jefe de filas, Gabriel Colomé, es de 300 millones de euros.

La segunda teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, negó la mayor. Insistió en que el patrimonio inmobiliario es valioso para la ciudad y que la razón por la que la oposición saca esta cuestión «cada 15 días» es «para desgastar la imagen de solvencia de el ayuntamiento».

El concejal Javier Mulleras (PP) recordó la «sumisión» en la que se encuentra la administración que preside Xavier Trias y se quejó de que el Govern «endosa» tres «activos trampa» que valen menos de lo que dicen. El ecosocialista Quim Mestre insistió en que «no hay garantías de cobrar» la «enorme deuda» que tiene la Generalitat y consideró «inaceptables» los acuerdos en los que se traspasan activos inmobiliarios.

No se pronunció igual Unitat per Barcelona en boca de Joan Laporta, que consideró que la mala situación de las finanzas del Govern son consecuencia del «expolio fiscal». CiU se quedó sola con UpB mientras los otros tres grupos aprobaban ir al contencioso. No obstante, este siguiente paso se debería producir si PSC, PP e ICV-EUiA se ponen de acuerdo para hacerlo juntos, algo complicado.