La justicia avala que no se puede hacer el 'hotel Millet'

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de anular la última modificación urbanística que permitía la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, en una sentencia en la que exige «transparencia» en estos proyectos para que el ciudadano conozca quién está detrás.

En su sentencia, el TSJC desestima el recurso presentado por el promotor hotelero Manuel Valderrama, al que el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, adjudicó la construcción del hotel, y anula definitivamente el plan urbanístico que amparaba el fallido proyecto. El plan, que fue paralizado al estallar el escándalo del saqueo, ha acarreado una condena de un año de cárcel para Millet y su mano derecha, Jordi Montull, por usar su influencia para que el ayuntamiento de Barcelona facilitara la tramitación urbanística necesaria para sacarlo adelante.

En octubre del 2009, tres meses después de que los Mossos registraran el Palau de la Música, el Ayuntamiento de Barcelona suspendió la aprobación del plan de mejora urbana (PMU), advirtiendo de que podría caducar y anularse definitivamente si los promotores no cumplían los trámites exigidos legalmente, como la acreditación de la titularidad de las fincas del hotel y la viabilidad económica del proyecto. La nueva dirección del Palau adujo que era el promotor hotelero quien debía cumplir este requirimiento y afirmó que el ayuntamiento ya conocía la estructura de la propiedad. Por su parte, el constructor exigió la continuación de los trámites aludiendo a los convenios que el Palau firmó con la Generalitat y el consistorio para sacar adelante el proyecto. El ayuntamiento, a la vista de todo, decidió anular el plan por haber cadudado.

El TSJC sostiene que la tramitación urbanística «resalta por la tan proliferada realización de convenios privados» y «por la sobresaliente serie de relaciones personales y acuerdos entre una fundación privada y la administración municipal y autonómica». Argumenta que el acceso a la propiedad del suelo y la evaluación económica «debe quedar con transparencia a disposición innegable de la participación ciudadana y de terceros». El hecho de que la titularidad de las fincas permaneciera oculta fue uno de los motivos que llevaron al fiscal a acusar de tráfico de influencias a la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento, aunque fueron absueltos.