El exceso de aforo no era razón suficiente como para cerrar una discoteca porque es más importante mantener el empleo de las 25 personas que trabajan en su interior. Y ahora, el hecho de que un joven menor de edad falleciera en la puerta del mismo local la noche en la que el negocio recuperó la actividad no tiene nada que ver con el fallo judicial que lo permitió. La discoteca Capitolio, en el polígono de Can Femades de Cornellà de Llobregat, arrastra una historia judicial reciente que incluye dos clausuras y un homicidio. Todo, bajo la atónita mirada del ayuntamiento de la localidad, dirigido por el veterano socialista Antonio Balmón, que ayer no quiso comentar nada a la espera de recibir la última resolución.

Decenas de personas bailan en la sala de la discoteca Capitolio, en una imagen captada en el mes de mayo del 2010. ARCHIVO / ÁLVARO MONGE

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Información publicada en la página 37 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 19 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El caso es realmente alambicado. El ayuntamiento ordenó a principios de junio la clausura provisional de la discoteca por exceder «exageradamente» el aforo permitido. La decisión pasó parcialmente desapercibida hasta que una jueza anuló el decreto municipal, aunque mantuvo la multa económica, con el argumento de que era más importante preservar los puestos de trabajo vinculados al local, incluida una chica brasileña embarazada, que garantizar la tranquilidad y el descanso de los vecinos de la zona o respetar las normas de aforo. Sin embargo, nada más abrir sus puertas, gracias a la intervención de la magistrada, un joven murió acuchillado frente a las puertas de la discoteca la noche del sábado 16 de junio. El Ayuntamiento de Cornellà volvió a la carga y ordenó de nuevo el cierre del local.

DICTAMEN RATIFICADO / Ahora, en una nueva resolución que ayer se hizo pública, la misma jueza se ratifica en su decisión inicial y asegura que el trágico fallecimiento de un joven no tiene nada que ver con el hecho de permitir que Capitolio volviera a subir la persiana. «Sorprende que el ayuntamiento defensor del interés público vincule el fallecimiento del menor con la medida cautelar adoptada por este juzgado que acordó la suspensión del cierre del establecimiento», se lee en el documento.

Por si el asunto no estuviera lo suficiente liado, esa segunda orden de cierre decretada por el consistorio también fue recurrida por la propiedad de la discoteca. La demanda ha acabado en otro juzgado, el número 2 de lo contencioso-administrativo, que todavía no se ha pronunciado. La nueva jueza, eso sí ha trascendido, parece plantear el conflicto de manera muy distinta que su colega. «Si bien es cierto que hay que tener en cuenta la situación de crisis económica -explica la magistrada- no es menos cierto que el motivo por el cual se sanciona es por el exceso de aforo permitido, incumpliendo la normativa sobre sistemas de control de acceso que supone un riesgo para la seguridad de las personas».