Un paracaídas para el salto de la escuela al instituto

Si ya es difícil para quien tiene de todo o casi de todo (apoyo familiar, posibilidad de asistir a actividades de refuerzo, acceso a la cultura y las últimas tecnologías), para el que vive en un barrio pobre, el paso del colegio al instituto puede suponer un salto de proporciones gigantescas. Un salto seguido, demasiadas veces, de una caída estrepitosa. Cambio de amigos y profesores, clases más grandes y más anónimas, nuevas influencias… “En esa transición entre primaria y secundaria estamos perdiendo a muchos estudiantes vulnerables”, reflexiona Miquel Àngel Essomba, comisionado de Educación del Ayuntamiento de Barcelona.

En paralelo al plan de choque educativo que está acabando de diseñar el consistorio, pero de forma complementaria a él, el ayuntamiento está estudiando cuál es su margen de maniobra para promover, en las barriadas más empobrecidas de la ciudad, la creación de institutos-escuela, una fórmula que los gobiernos autonómicos tripartitos comenzaron a impulsar, pero que con la entrada de CiU en la Generalitat en el 2010 quedó paralizado. El modelo se basa en que los alumnos realicen toda la educación obligatoria, de los 6 a los 16 años, en un mismo edificio, con un mismo equipo de profesores y según un mismo proyecto pedagógico. Y siempre bajo titularidad pública.

Si el Ayuntamiento de Barcelona se plantea promover institutos-escuela en barrios de actuación prioritaria no es solo porque son una solución de urgencia a la falta de plazas que se prevé que habrá en la ciudad en los próximos años en la ESO (por el aumento de la población escolar de esa franja de edad), “sino porque es una modalidad educativa que tiene un efecto social, que diluye las difíciles transiciones de primaria a secundaria, que es donde se empiezan a detectar los primeros grandes absentistas”, subraya Essomba. Así, los alumnos pasarían a hacer primero de secundaria en el mismo sitio que hicieron sexto de primaria y la transición al instituto (ya sea de bachillerato o de FP) se pospondría hasta los 16 años.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

“El margen que tienen los municipios para acabar con los guetos escolares y garantizar la escolarización equilibrada de todos los alumnos es significativo”, destaca Ismael Palacín, director de la fundación Jaume Bofill. Entre otras cosas, señala Palacín, porque tienen la capacidad de intervenir en la distribución de alumnos a la hora de la preinscripción escolar y pueden poner en marcha planes de barrio para estimular la diversidad de alumnos.

“Bastaría con aplicar la ley de educación de Catalunya, la LEC, con algo más de rigor”, afirma el director de la Bofill. “Esta prevé que todos los colegios han de tener un número mínimo y un número máximo de alumnos con necesidades educativas específicas: lo del número mínimo se aplica y en términos generales se respeta, pero lo del número máximo nadie lo está controlando”, denuncia. De ahí que siga habiendo, sin que nadie lo limite, tantos colegios e institutos con altas concentraciones de estudiantes extranjeros, por ejemplo.

Los ayuntamientos pueden velar, asimismo, para que los centros educativos que soportan estos desequilibrios “sean debidamente compensados por ello”, sugiere Palacín. ¿Cómo? “Pues, por ejemplo, asegurando que el número de alumnos por aula, la ratio, es allí más reducida, garantizando que todos los alumnos tienen becas de comedor y de material escolar o que los profesores allí destinados son realmente los mejor preparados y capacitados”, indica.

En la ciudad de Barcelona, “la tasa de segregación entre colegios que son vecinos, que pertenecen a un mismo barrio, es mayor que la que hay entre la pública y la concertada”. Eso significa que hay centros tan estigmatizados que los padres los rehuyen, “de manera que, al quedarles plazas vacantes cada año, se van llenando con los alumnos que llegan a medio curso. Y eso les introduce en una dinámica difícil de romper”.