Instituciones y bancos pactan el rescate financiero de metro y bus

Los números rojos de la financiación del sistema de tarifa integrada del transporte público metropolitano se habían disparado desde el inicio de todas las crisis en el 2009. A pesar de las fuertes y contestadas subidas que cada año han sufrido las tarifas y los billetes más usados, como la T-10, muy por encima de la inflación, la tormenta perfecta de más coste por nuevas líneas, más títulos con bonificaciones sociales, menos viajeros, menos aportación del Estado e imposibilidad de las instituciones catalanas de aumentar en proporción sus subvenciones, ha generado déficits año tras año. El recurso al dinero prestado ha llevado la deuda total a los 546 millones. Esta cifra asustaba ya a las exhaustas administraciones y, sobre todo, reducía drásticamente la solvencia para tener más crédito. Es el relato que hacen las propias instituciones. A partir de él ayer se formalizó un gran pacto a largo plazo para sanear cuentas y cortar toda desviación. Y con los siete bancos acreedores presentes.

Por una parte, se firmó un crédito sindicato hasta el 2031 para pagar 472 de esos 546 millones de deuda bruta que ha acumulado la red en los últimos años. Por otra, las tres instituciones se comprometieron a aumentar en un total de 67 millones hasta el 2017, y con cargas desiguales, sus aportaciones para costear el funcionamiento combinado del metro, los autobuses y los demás medios de transporte.

Santi Vila, conseller de Territori y presidente del consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) que gestiona la red, Xavier Trias, alcalde de Barcelona, y Antonio Balmón, vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) además de alcalde de Cornellà, se conjuraron en el mismísimo Palau de la Generalitat para garantizar un servicio que de seguir con el modelo de los últimos años estaba «gravemente comprometido».

Tras el largo cruce de firmas sentaron cátedra en sendas intervenciones sobre la nueva y, por primera vez a largo plazo, etapa de rigor y contención. Pero lo hicieron sin posibilidad de preguntas por parte de la prensa sobre las múltiples caras que semejante operación presenta, en particular en lo que atañe a la política de ingresos por la vía de la recaptación de los billetes.

AUTOSERVICIO / Un principio destaca en la que se pretende que sea una nueva era. Los tres remarcaron que a partir de ahora, con unas cuentas estabilizadas, toda mejora o incremento de servicio que proponga alguna o algunas de las partes y que tenga un coste añadido deberá contar con la financiación correspondiente por parte del propio impulsor de la idea.

Esta oferta de transporte tan constante como sus cuentas sí que incluirá, sin embargo, las ampliaciones ferroviarias más próximas en el tiempo. Primero, la puesta en marcha en el 2015 de la prolongación del metro del Vallès de los Ferrocarrils de la Generalitat desde el centro de Terrassa hasta el norte de la ciudad. Después, la apertura en el 2016 del tramo kilométrico de la L-9 desde la estación de Zona Universitària hasta la terminal T-1 del aeropuerto, cruzando L'Hospitalet y El Prat. Precisamente la próxima semana podrían iniciarse las primeras pruebas reales de marcha en este sector. Por último, se cubre también la ampliación gemela de FGC en la otra cocapital vallesana, Sabadell, más atrasada y prevista para dentro de unos tres años.

El marco estable que implica este pacto, suscrito también por las empresas operadoras, mayormente TMB, supone asimismo el compromiso de estas de reducir el déficit a cero en tres años. Este desfase entre los ingresos y los gastos llegó a ser de 181 millones en el 2013. Cómo conseguirlo es cuestión de la empresa, que para compensar subidas, por ejemplo de la energía o el combustible, estará obligada a ajustar los gastos de mantenimiento, la masa salarial de la plantilla o las inversiones para reponer material. Un cambio en profundidad hacia un modelo propio de empresa privada pura y dura.

En la financiación del sistema interviene también el Estado, que este año mantiene su aportación de 94,9 millones, cifra que en el 2010 llegó a ser de 200. Para el 2015 ha prometido un incremento de cuatro millones.