«Es imposible vivir aquí»

«Exigimos la rehabilitación de la finca o el realojo mediante el plan del piso por piso», dice Francisca Jiménez, una de las afectadas por la paralización de la expropiación del bloque de la calle de Venus en Sant Adrià, el edificio más deteriorado de la Mina en el que aún viven más de 200 familias. El inmueble se incluía en el plan de transformación de la Mina, pero la crisis económica truncó las expectativas.

Los problemas se iniciaron en el 2000 cuando el edificio pasó a ser calificado como zona verde. La nueva situación impedía la realización de obras de mejora y preveía la expropiación del inmueble y el realojo de los vecinos en nuevos bloques. Pero ha pasado más de una década y aún no se ha podido llegar a ningún acuerdo con el Consorcio de la Mina, el órgano encargado de la gestión del proceso. Entre otros motivos porque en su momento no se estipularon las condiciones del realojo, aunque sí se reconoció el derecho a que se efectuara. Otros dos edificios -en las calles de Mart y Llevant- sufren una situación similar aunque en ambos casos la expropiación se ha realizado parcialmente porque los bloques no están tan dañados como pasa en el de Venus.

Los pisos que albergarían a los afectados se construyeron durante el 2010 y la mayoría de los teóricos compradores no ha podido trasladarse porque para hacerlo tienen que pagar una cantidad aproximada de 34.000 euros -en realidad serían 40.000 pero el consorcio pondría la diferencia-, una cifra inasumible para muchos.

Sin créditos

El valor de su piso -tasado en 80.000- no llega para pagar los 120.000 que cuesta el nuevo y tampoco logran obtener créditos de los bancos. «Solo se han ido cuatro. Los demás no saben qué hacer y muchos no aceptan la propuesta basada en la obtención de pisos de alquiler de protección oficial porque pasarían de ser propietarios a ser inquilinos», manifiesta el abogado de la comunidad.

Para resolver el conflicto, la comunidad de propietarios ha planteado al consorcio -compuesto por los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià, la Generalitat y la diputación- varias propuestas para resolver el interminable problema.En síntesis son la abolición del veto a realizar obras en la vivienda o el cambio directo de piso, una exigencia que legitiman gracias al llamado decreto ley Haus, instaurado en el 2010 que permite el piso por piso, siempre y cuando sean similares.

El consorcio, por su parte, reconoce que los vecinos están en una situación límite pero pide comprensión. Gregorio Belmonte, vicepresidente de la comisión ejecutiva, explica que la dación de pisos sin aportación alguna por parte de los afectados es inviable porque supondría un gasto superior a 20 millones de euros. «Estamos estudiando algún tipo de financiación pública para ayudar a las familias, pero la Generalitat no puede asumir el coste total», explica Belmonte. Sobre el decreto Haus, el consorcio considera que como su implantación fue posterior al acuerdo, los vecinos no se pueden acoger a él.

En el bloque de Venus nadie tiene recursos y muchos superan los 60 años. «Hay quien ha muerto esperando el nuevo piso», dice Paco Hernández, uno de los dueños. El bloque se hizo en 1977 y acogió a gente que vivía en chabolas en Montjuïc y en el Camp de la Bota. Sus condiciones, según explican los vecinos, son indignas. «Hay ratas, nadie friega y la basura se acumula por todas partes. No podemos vivir así», clama Jiménez.