LENTO AVANCE DE UNA polémica REFORMA URBANÍSTICA EN LES CORTS

La Guardia Urbana sigue con los desalojos en la Colònia Castells

Una vecina mira como dos policías custodian su calle, ayer.

Una vecina mira como dos policías custodian su calle, ayer.

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

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A las doce del mediodía, horas después del desalojo, la Colònia Castells seguía llena de policía. A primera hora de la mañana, varios, no pocos, agentes de la Guardia Urbana se personaron en el 27 de la calle de Castells para proceder a su desalojo, tras recibir la necesaria orden judicial, según fuentes municipales. El desalojo se produjo sin incidentes -las dos personas que se encontraban en la casa salieron sin oponer resistencia- y, al poco, los operarios tapiaron puertas y ventanas y dañaron el tejado para evitar nuevas ocupaciones. Con esta operación, ya solo quedan 10 casas habitadas en la conocida primera fase de la Colònia Castells, que comprende el tramo entre la calle de Entença y la de Castells, tres cuartas partes de la barriada.

El ayuntamiento está pendiente de que le vayan llegando las órdenes judiciales pertinentes para proceder a los desalojos de las 10 viviendas restantes de la primera fase. Ninguno de los vecinos que allí quedan tiene derecho a realojo, en seis casos, por tratarse de viviendas okupadas y en los otros cuatro, por haberse instalado allí después del 2001, fecha tope acordada en su día al negociar las expropiaciones. Según fuentes municipales, estos últimos cuatro recibirán algún «tratamiento o atención social», sin especificar en qué consistirá el mismo. Algunos de ellos han pedido tener derecho a alquilar uno de los 14 pisos sociales que llevan más de un año vacíos en la finca levantada para acoger a los primeros afectados con derecho a realojo. No han recibido respuesta.

Cuando en las próximas semanas se ejecuten los desalojos pendientes, tres cuartas partes de la Colònia Castells serán ya solo un solar. Solar al que, según el distrito, se le buscarán «usos provisionales pactados con los vecinos». El que debiera ser su uso definitivo, el motivo por el que se ha expulsado de allí a cientos de familias, es decir la construcción de más de 300 viviendas de protección, pisos de mercado libre, equipamientos y zonas verdes, parece que va para largo. Pese a afirmar que se trata de un tema prioritario, ayuntamiento y Generalitat aún no se han sentado para poner sobre la mesa temas tan básicos como la forma de pago de las indemnizaciones pendientes. Todos los afectados de la segunda fase del proceso aún no han visto un céntimo, aunque tienen un documento que les garantiza que recibirán una recompensa por el valor que tenía su vivienda en el 2007, valor que dista bastante del actual.