La Guardia Urbana de Barcelona ha impuesto 4.435 multas a vendedores ambulantes de bebidas y alimentos en las playas de la capital desde el 15 de junio, una cifra que casi dobla la del mismo periodo del 2011. Estas sanciones son consecuencia de las inspecciones del grupo específico de 70 policías destinados a patrullar por el litoral.
Un guardia uniformado y otro de paisano actúan contra vendedores ilegales en la Barceloneta, este miércoles. ALBERT BERTRAN
El dato lo ha facilitado este jueves el primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Joaquim Forn, en el espigón del Bogatell, donde ha hecho balance del primer mes y medio de funcionamiento de la Operación Verano, que se desarrollará hasta el 30 de septiembre y de la que está "muy satisfecho". La presión policial ha aumentado en un 93% las sanciones a vendedores.
Del total de multas, 1.319 se han impuesto a personas que colaboran avisándoles de la presencia de agentes, cinco veces más que hace un año. La intervención policial ha hecho que este grupo, que al inicio de la campaña era de unas 100 personas, se haya vuelto "más discreto" y aproveche horas de menor actividad de la Guardia Urbana, en especial por la noche. Esta tendencia ha hecho reconducir el dispositivo.
MASAJES PELIGROSOS
Forn ha apuntado que muchos de los vendedores reinciden aunque se les detenga más de una vez, pero el trabajo policial debe "perseverar porque hace que al final abandonen". También se han perseguido los masajes ilegales, tramitando 892 denuncias, lo que multiplica por seis la cifra del 2011.
El decano del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Manel Domingo, que acompañó a Forn, explicó los problemas para la salud pública que suponen estos servicios no autorizados, ya que quienes los hacen "no se lavan las manos entre persona y persona", lo que puede transmitir problemas de piel. También dijo que no tienen los conocimientos necesarios, lo que a veces causa lesiones importantes.
La operación policial de la Guardia Urbana cuenta además desde este jueves con una lancha para regular las actividades peligrosas que se realizan en el agua y para actuar en los casos de bañistas que incumplen la normativa.