ESPACIO NATURAL METROPOLITANO

Frente ecologista y vecinal ante el nuevo plan de gestión de Collserola

La masa forestal de Collserola, con la cima del Tibidabo y la presión urbana metropolitana.

La masa forestal de Collserola, con la cima del Tibidabo y la presión urbana metropolitana.

RAMON COMORERA / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tienen objetivos a veces no coincidentes del todo, pero de la necesidad hacen virtud y se coordinan para plantear una enmienda a la totalidad. Ecologistas, expertos y vecinos de los 13 barrios de montaña de Barcelona suman iniciativas frente al modelo y la gestión del parque natural de Collserola que dibuja el primer texto aprobado del plan especial de protección del medio natural de la sierra (Pepnat).

El preceptivo avance de esta norma, decisiva para conservar la reserva, ha seguido en los últimos meses, tras aprobarla el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un proceso de participación. Diversas entidades, sin embargo, hablan de «hechos consumados, opacidad y formalismo», y exigen retirar el texto e iniciar una elaboración realmente abierta. Dicen que el plan «no asegura preservar una zona natural» sometida a gran presión y que, como herramienta urbanística, «no incorpora mejoras a los problemas de los barrios».

En la reunión del pasado martes del consejo consultivo del parque, que agrupa a muchas entidades y ayuntamientos, se presentó la recopilación de las propuestas presentadas. El camino trazado oficialmente es que el equipo técnico redactor estudie ahora su posible toma en consideración de cara al plan definitivo que el AMB debería empezar a tramitar a partir de final de año.

Pero para ecologistas y vecinos el debate es de fondo. Josep Moner, de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, afirma que la sierra no debe ser un parque urbano para los nueve municipios de su alrededor. Gráficamente dice que «no hay que crear un Central Park neoyorquino», una zona verde para satisfacer las necesidades de la gran Barcelona circundante. Collserola es una reserva natural, un enorme ecosistema, y debe tratarse como tal.

REGULACIÓN

Para Camilo Ramos, responsable de Urbanismo de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), los habitantes del interior del parque o de sus fronteras «llevan mucho tiempo esperando una regulación urbanística que reconozca la realidad y aborde los conflictos acumulados en años». El plan debe apuntar desde el inicio, dice la FAVB, respuestas claras y viables a cuestiones como las eternas afectaciones, la intercomunicación, la protección ante el impacto de las grandes infraestructuras, el freno a nuevas urbanizaciones y construcciones, el predominio del interés público o el respeto a los residentes.

«El documento es muy genérico, abierto y se ha presentado en ayuntamientos, distritos, consejos y actos públicos. Antes de la aprobación inicial habrá otra exposición pública», defiende Marià Martí, gerente del Consorcio de Collserola, rector del parque. «Quienes piden la retirada lo hacen porque no participaron en la redacción, pero para iniciar el proceso y el debate debía haber un texto inicial básico», justifica.

RETRASO

El decreto de la Generalitat que en el 2010 declaró Collserola parque natural y lo delimitó establecía que en un máximo de dos años debía aprobarse inicialmente el Pepnat para dar contenido a la creación de la reserva y regular de forma concreta su conservación y gestión. Tres años después la norma sigue pendiente. «Era un plazo optimista como lo puede ser ahora el de final de año», asume Martí. Mientras, la zona se rige por el histórico plan especial de protección (Pepco) de 1987 y normas dispersas.

Moner es crítico y ve «casi provocadora» la versión oficial del plan. «No se entiende la sierra como un parque natural. Estudiaremos la posibilidad de promover uno alternativo con el apoyo de autoridades científicas», declara.

Las alegaciones de la plataforma hablan de «los peligros y del impacto de la gestión flexible y de los modelos público privados, de facilitar el acceso sin garantías, de bajar la regulación del patrimonio, de no abordar la fragmentación territorial, de la necesaria ampliación con zonas de transición y conexión con otros espacios verdes o de una moratoria de nuevas infraestructuras». Se piden «bases nuevas para que la conservación lo centre todo» y que se tenga en consideración a los residentes siempre que «no agredan el lugar».

Ramos explica que la FAVB ha debatido este miércoles la confluencia con las posiciones ecologistas y la petición para tratar la cuestión con el nuevo gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Añade que el cambio político en los ayuntamientos, cuestión a la que alude también Moner, «debería tener consecuencias». La participación es ahora una divisa, recuerdan, y tanto el AMB, cuando se constituya, como el consorcio los presidirá la alcaldesa.