El Fòrum adjudicó a dedo y pagó sobresueldos y actos fantasma

hace escasas semanas, a principios de mayo, los medios de comunicación coincidían en analizar los efectos del Fòrum de les Cultures en el décimo aniversario del evento. El balance era urbanístico y vecinal, de tejido de barrio, de proyectos de ciudad nunca culminados. También se recordó el fiasco de la convocatoria, de cómo los barceloneses le dieron la espalda a una iniciativa con la que nunca se identificaron. Y ayer, 10 años después, se conocieron dos informes de fiscalización de las cuentas del Fòrum realizados por la  Sindicatura de Comptes. Tampoco en lo monetario el acontecimiento dejó una huella de orgullo en la capital catalana, más bien todo lo contrario. La Sindicatura desvela la existencia de múltiples irregularidades en la contratación, tanto de proveedores como de personal o de selección de patrocinadores. Pone de manifiesto el pago de gratificaciones no justificadas a algunos directivos y garrafales fallos de planificación. Todo, a pesar de las «importantes limitaciones» con las que este ente se encontró a la hora de reclamar la documentación sobre la cita del 2004.

Los estudios de fiscalización, que fueron solicitados por el Parlament, se centran en el consorcio organizador del Fórum, participado a partes iguales por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que en conjunto aportaron 220,8 millones entre 1999 y el 2007 para financiar el evento, así como sobre la sociedad Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, ejecutora del certamen. Las conclusiones de los informes apuntan que la selección de los patrocinadores del evento «no se ajustó al procedimiento público establecido por la normativa» y que, en algún caso, «se les otorgó ciertos privilegios en cuanto a la prestación de servicios».

Basta con leer las conclusiones para llevarse las manos a la cabeza. En cuanto al consorcio, la Sindicatura, que denuncia la «poca información» a la que ha podido acceder, advierte numerosos casos irregulares, como errores en los presupuestos anuales o la ausencia de auditorías. En cuanto al cierre de la empresa, una frase lo resume todo: «Durante el periodo de liquidación no se han cumplido ninguna de las disposiciones de la normativa en cuanto a la aprobación de presupuestos ni de las cuentas generales».

La sociedad Fòrum Universal estableció, según el informe, procedimientos de contratación que no garantizan los principios de publicidad y concurrencia que se exigían, hasta el punto de que la falta de todo tipo de publicidad de adjudicación «podría determinar la nulidad de pleno derecho del contrato de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria». Es decir, se pasaron por alto los procesos públicos en la obtención de contratos de la Administración. Peor fue el caso de algunos eventos que se pagaron y que nunca se celebraron, como una exposición que salió por 174.000 euros o un concierto cuyos servicios de diseño ascendían a 155.000 euros. Ninguno de los dos estuvo nunca en agenda.

CONTRATOS ILEGALES / El personal se contrató muchas veces a través de empresas de trabajo temporal aunque la normativa por aquel entonces no lo permitía, según la Sindicatura, que también pone de manifiesto el pago de gratificaciones injustificadas a directivos. Un ejemplo: a pesar de que hoy se ha demostrado que el Fòrum fue un fiasco económico, el 14 de marzo del 2005 el presidente del consejo de administración de la sociedad premió a un directivo con 82.244,33 euros por haber cumplido «los objetivos». Otro caso: a otro ejecutivo se le pagaron 11.000 euros de más de indemnización en marzo del 2004. Un año antes, esa misma persona había recibido 17.922,65 euros en concepto de alojamiento con efecto retroactivo desde julio del 2002.

ADJUDICACIÓN «DIRECTA» / El organismo ha detectado 69 expedientes de contratos con un coste global de 13,6 millones a proveedores que no eran patrocinadores del evento y que se adjudicaron «de manera directa» sin justificación. El montante global de proyectos de patrocinio del Fòrum ascendió a 88,8 millones. El informe desvela que la sociedad no ha facilitado los contratos de gastos por un importe de hasta 9,8 millones y no ha podido explicar si la documentación no se ha encontrado en los archivos o si no se hicieron nunca los contratos.

La Sindicatura también se hace eco en su informe de gastos de viaje por un importe de 12,19 millones de euros que no se han podido analizar en profundidad por falta de documentación.