Fiscalía archiva el caso de la desviación de presupuesto de una obra pública en Mataró
No ve indicios de delito en la desviación presupuestaria del edificio El Rengle, que acabó siendo del 42 %
El edificio de El Rengle, en Mataró, objeto de la polémica entre CiU y el PSC. / periodico
Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía no ve indicios de delito en la desviación presupuestaria del edificio El Rengle, construido en Mataró entre 2007 y 2010, bajo el mandato del último tripartito municipal, capitaneado por el socialista Joan Antoni Baron.
El edificio de oficinas y comercial se presupuestó por 18,1 millones de euros, pero el coste final ascendió hasta 26,3 millones de euros, un 42% más.
El caso llegó a la Oficina Antifraude en 2012 de la mano del grupo municipal de CiU, formación que acababa de acceder al gobierno municipal con el alcalde Joan Mora.
Después de más de dos años de investigación, Antifraude elevó el caso al Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, al detectar presuntas "irregularidades en los procedimientos de contratación y ejecución" de las obras.
Ahora que, ironías de la política, CiU gobierna junto al PSC y la ciudad tiene nuevamente un alcalde socialista (David Bote), se ha dado a conocer que la fiscalía del área Mataró-Arenys de Mar ha archivado la demanda hecha en su día por el grupo nacionalista. No encuentra indicios susceptibles de ser delito, aunque sí varias irregularidades administrativas leves.
Los principales argumentos de la denuncia recogidos por la Oficina Antifraude son la modificación de los criterios de valoración de las ofertas al margen del pliego de cláusulas iniciales y un sobrecoste de la obra por encima de lo que el contrato con la empresa adjudicataria (FCC) habría permitido. Si bien el fiscal reconoce estas situaciones, no ve recorrido por la vía penal.
Según el decreto de archivo del fiscal jefe de Mataró, "difícilmente se puede deducir un carácter prevaricador" en el proceso de adjudicación de la obra. Detalla que la modificación de los criterios de valoración afectó a todas las empresas por igual y que no está demostrado que este cambio fuera a propuesta de FCC "con conciencia previa que el resto de empresas resultaran perjudicadas".
La decisión fortalece al grupo municipal del PSC, que ve como las sospechas vertidas por el ahora socio de gobierno y antes rival político número uno quedan en entredicho.
En este sentido el alcalde David Bote, en una comparecencia de prensa este miércoles, ha dado por el cerrado el caso desde el punto de vista penal aunque ha admitido que aún podría seguir por la vía administrativa. El primer edil de la ciudad ha evitado pronunciarse sobre qué papel tendría que tomar ahora su socio de gobierno, impulsor de la demanda.
Por su parte, el grupo municipal de CiU ha manifestado su intención de mantener silencio sobre la cuestión.
UN PROYECTO QUE HIPOTECA LAS FINANZAS MUNICIPALES
Más allá de la situación judicial que durante años ha sobrevolado el Ayuntamiento de Mataró, la construcción del edificio El Rengle ha supuesto también dificultades a nivel económico.
La empresa constructora presentó la factura dos años después de terminar la obra y la tensión en la tesorería municipal obligó al consistorio a negociar con la empresa condiciones y plazos de pago.
En total, los diferentes acuerdos alcanzados con la constructora deberán supuesto una rebaja final de unos 3 millones de euros y la obra se terminará de pagar, previsiblemente, en 2019.
En 2014, el Ayuntamiento pagó los primeros 7,4 millones de euros; en 2015 se pagaron 2,8 millones y esta misma cuota es la que está prevista hacer efectiva este 2016 y también en 2017 y 2018. En el año 2019 se debería liquidar la deuda con un último pago de 2,3 millones de euros.
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