INVESTIGACIÓN SOBRE UNA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN
La fiscalía acusa a un exalto funcionario de BCN de vivir de supuestos sobornos
Helidoro Lozano está acusado de tramitan licencias para apartamentos turísticos de forma irregular
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
El exalto funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, Heliodoro Lozano, uno de los principales acusados en la presunta trama corrupta para la concesión de licencias para pisos turísticos, vivió durante tres años, en concreto desde el 2005 al 2008, de los sobornos que supuestamente cobraba, según sostiene la fiscala anticorrupción Teresa Duerto, en un escrito en el que solicita que se mantenga la imputación de ocho funcionarios, un intermediario y 13 propietarios de apartamentos. La acusación pública reclama, además, la declaración de una serie de investigados y más documentación.
La fiscala destaca que Lozano, que fue director de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella de septiembre del 2000 hasta junio del 2008 tuvo “durante varios años una importante fuente de ingresos no declarada que le permitió asumir todo tipo de gastos diarios sin necesidad de emplear” el suelo que percibía por su trabajo. Según la acusación, consta que, al menos entre el 2005 y el 2008, este investigado no cargó gasto alguno a sus cus cuentas bancarias, “con excepción de aquellos que usualmente se domicilia”, como agua o electricidad.
Este aspecto corrobora, a su entender, lo declarado por el ingeniero Joaquín Quilez, al que los propietarios de los pisos le encargaban la tramitación de la licencia. Este investigado ha reconocido que pagaba a Lozano una cantidad de dinero cuando la licencia para el uso de una vivienda como apartamento turístico era concedida. La fiscala considera que cuando Lozano dejó de ser director de los servicios técnicos continuó controlando lo que ocurría con los expedientes, a través de otra empleada investigada. En un ordenador se hallaron una serie de archivos como “anotaciones tan reveladoras” como “correu vell 22000 (13500 Helio)” o “can Jou, passagte 18000 (14000 Helio), según detalla la fiscala. En su declaración, enumeró cantidades que pagó a Lozano y que ascendieron en alguno de los casos hasta los 5.000 euros..
LICENCIAS IRREGULARES
La fiscala concluye que el exalto funcionario, junto con el ingeniero intermediario y la exresponsable de la asesoría jurídica Elena Ariza, “actuaban de mutuo acuerdo y de manera organizada para tramitar, a cambio de dinero, las licencias de cambio de uso (u otros expedientes) de manera irregular, consiguiendo al final su concesión aún sin cumplir los requisitos legales”.
Para la acusación, las irregularidades detectadas en los expedientes “contravienen de forma frontal la norma aplicada”. En su escrito también hace mención a que, antes del 2005 y con la proliferación de apartamentos turísticos, originó una importante problemática a nivel cívico y de urbanismo “fruto del escaso e ineficiente control” desarrollado hasta la fecha por la Administración. La investigación judicial se inició en el 2009.
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