Catalina Gayà Periodista

Hace ya unos meses, y a pie de calle, una vecina de la calle de Guifré, en el Raval, explicó a esta cronista que vivía un calvario con sus facturas. De un día para otro, y sin saber por qué, aparecieron en su casa unas facturas de gas con el membrete de otra compañía. Después de llamar varias veces a un 902, se enteró de que un comercial había falsificado un contrato y que ahora pagaría las facturas a la otra compañía.

Buzones de correos en la calle de Guifré, en el Raval, donde ha habido falsificaciones de facturas de servicios. DANNY CAMINAL

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Información publicada en la página 41 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 09 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Para arreglarlo, le pedían que el propietario del piso fuera el que se desplazara a una oficina de la compañía. ¿Cómo explicarle a esa voz poco humana que cualquier comunicación con el propietario del piso implicaba una amenaza de subida de alquiler? «En el fondo todo es lo mismo». Consecuencia: 22 euros de factura telefónica y la sensación de que reclamar sirve de poco.

La cronista escuchaba a esta mujer pensando que, en esto de los derechos, ya caminamos como los cangrejos y que ser extranjero, no saber escribir, vivir en el Raval y ser mujer tampoco ayuda. Unas semanas después, en el buzón de la cronista apareció también la factura de esa otra compañía. Consecuencias, casi las mismas: 27 euros de teléfono y sin solución a la vista.

Otra vez a pie de calle. Hace unas semanas, en un corrillo de mujeres que solo tienen en común que comparten barrio surgió el caso facturas falsas. A una señora mayor, la compañía de teléfono le cobraba 72 euros al mes y, decía ella, casi no llamaba. Revisando los recibos entre todas: a la señora alguien, así en abstracto, la había «abonado» a un plan de llamadas de 2.000 minutos al mes. Y, en realidad, la señora solo hablaba por teléfono 284 minutos.

A una chica, esta de la calle del Carme, la compañía de limpieza que, decía ella, «ya habían despedido porque les duplicaba facturas», cambió de nombre y, teniendo ya los datos de la escalera, cobró durante seis meses por unos servicios que no prestaba. En la sucursal del banco, no les pareció raro que hubiera una nueva domiciliación que no había sido autorizada por los vecinos. Otra mujer tocaba el caso buzones: un comercial también había falsificado sus datos. «¿Era de una compañía de gas?», preguntaba esta cronista. «No, de electricidad». El personaje había cogido una factura del buzón, había copiado los datos y ya tenía un nuevo cliente. La mujer también había llamado para quejarse. El número era un 93, la compañía de fuera y el tal comercial tenía nombre y apellidos y había acabado en una comisaría. Además, la compañía se había encargado de todo el papeleo. Por fin, un final feliz.

La chica de la calle del Carme decía que «era una excepción» porque, en esto de reclamar, siempre llueve sobre mojado. En su escalera, hace poco se quedaron 48 horas sin luz. Había obras en la calle. La mujer llamó a un 902 para preguntar qué ocurría y la compañía de electricidad le dijo que nadie había notificado incidencias. La mujer presentó una queja y le llegó una carta que, resumiendo, decía: «Nadie sabía nada». El corrillo se esparcía y esta cronista abría su buzón titubeando.