El disputado voto de la CUP

La CUP tiene tres concejales en el Ayuntamiento de Barcelona. Es el grupo que menos tiene junto con el PP, que atesora los mismos aunque le aventajó en votos. Pero esos tres ediles anticapitalistas han resultado decisivos para que la alcaldesa, Ada Colau, sacara adelante el año pasado su investidura, las ordenanzas y dos modificaciones de crédito. En este último caso se vio hasta qué punto sus votos resultan decisivos: obligaron a Colau a aplazar un pleno extraordinario por considerar que el gobierno municipal daba por hecho su apoyo, vía abstención, sin molestarse en negociar nada a cambio.

Este jueves, con las negociaciones por las ordenanzas y los presupuestos para el 2017 empezando, la CUP ha mostrado su posición al respecto. Los tres concejales, María José Lecha, Maria Rovira y Josep Garganté, han comparecido para mostrar sus cartas. Para acordar las ordenanzas para el año que vienen han presentado un listado de 18 puntos bajo el significativo título: ‘Que paguin ells’.

La lista apunta de forma significativa al turismo. Para empezar, la CUP reclama aumentar de un 0,6% a un 1,3% el tipo impositivo sobre el valor cadastal del IBI que corresponde al puerto comercial, un aumento, dicen, que afectaría en particular al comercio de mercancías y y el transporte de viajeros y cruceristas. Una petición idéntica a la que hacen sobre los terrenos de la regasificadora Enagás.

Apuestan también por elevar el tipo impositivo del IBI de los pisos turísticos y las superficies comerciales y reclaman una tasa turística municipal (al margen de la de la Generalitat, de la que Barcelona recibe un 34% de lo recaudado por pernoctaciones en la ciudad); una tasa por el uso del espacio público de las visitas guiadas; una tasa por ocupación de las aceras en espacios como los de la Sagrada Família, la Pedrera y el Camp Nou; una tasa por el uso del espacio para el aparcamiento de autocares; una revisión del área verde y el área azul para favorecer a los vecinos, y, en otro orden de cosas, la gratuidad de los museos.

PROCESO PARTICIPATIVO

En cuanto a los presupuestos, que tienen un calendario menos apremiante, la CUP sigue analizando hasta qué punto el gobierno municipal ha cumplido con los acuerdos que cerró con el grupo a cambio de permitir la aprobación de la modificación de crédito de mayo. Y, entretanto, empezarán un proceso participativo para que la ciudadanía se pronuncie sobre el destino que quiere dar a un 5% del presupuesto para el 2017, porcentaje que, en dinero, cifran en 118,5 millones. Al margen del resultado que obtengan, el proceso también es una forma de afearle a Barcelona en Comú que no lo haya abierto, cuando también figuraba en su programa electoral.

Cabe subrayar que a diferencia de ERC, los anticapitalistas no han mostrado un enfado excesivo con el gobierno de Barcelona en Comú y el PSC. Los republicanos han denunciado ya los incumplimientos de pactos alcanzados con Colau en los últimos meses y han advertido de que difícilmente podrán acordar nada si lo ya acordado no se cumple.

CON ERC Y SIN ERC

El apoyo de la CUP es imprescindible para que la alcaldesa logre sacar adelante ordenanzas y presupuestos, si bien no es suficiente. Si ERC no participa del pacto, este no logrará el respaldo de la mayoría, fijada en 21 concejales. Por ahora, el grupo de Alfred Bosch se muestra reticente, además de vincular las cuentas municipales con las autonómicas con el siguiente argumento: si Catalunya Sí que es Pot no ayuda a aprobar los presupuestos de la Generalitat, ¿por qué debería ERC hacerlo en el consistorio?

LA MODELO Y EL METRO

Fuentes del consistorio aseguran que pronto Bosch obtendrá cierta satisfacción, porque llegará la concreción de que se inician los planes acordados por él con Barcelona en Comú para el traslado de la Modelo a la Zona Franca  y el comienzo de las obras del metro para que lleguen allí. Son los frutos más destacados que obtuvo ERC a cambio de la aprobación de la modificación de mayo, si bien quedó claro que solo se pactaba avanzar en una primera fase en ambos proyectos.

En caso de que ERC se niegue a pactar, el voto de la CUP ya no será tan decisivo. El gobierno de Colau se vería abocado a presentar una cuestión de confianza asociada a las cuentas: si la oposición no puede elegir a un alcalde alternativo, la alcaldesa podría sacar adelante su proyecto de presupuestos, pagando el precio de renunciar al diálogo y el acuerdo.