Colau resucita como activista para atacar al Govern por un desahucio con niños

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recuperado este miércoles el perfil de campeona de la lucha por el derecho a la vivienda que desarrolló como cabecilla de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A las diez de la mañana los Mossos d’Esquadra han actuado como policial judicial en un desahucio en Sants que la PAH no ha podido evitar. Una mujer, sus tres hijos menores y una amiga de la madre se han quedado sin techo.

Colau ha tuiteado: “Exigimos al Govern que los Mossos no vuelvan a desahuciar nunca más a una familia con criaturas. ¡Los derechos de los niños tienen que prevalecer siempre!”.

Y ha estallado la tormenta.

La policía autonómica ha contestado rauda en la cuenta oficial del cuerpo que sus agentes se han limitado a dar protección a los funcionarios judiciales encargados de ejecutar el desalojo y que no tiene competencias para impulsar o detener un desahucio judicial.

Colau ha añadido más leña al fuego. “Mi tuit apelaba al Govern”, ha contestado a los Mossos. Por si había alguna duda.

El regreso al activismo de la alcaldesa no llega en un momento cualquiera sino cuando parece cosa hecha que antes o después dará el salto a la política autonómica o hasta española. Lo que requeriría ampliar apoyos. El domingo pasado se rozó con el independentismo en la manifestación del 11 de septiembre. El efecto indeseado fue que su base natural frunció el ceño. El miércoles ha subrayado su perfil más social. Volverá a hacerlo seguramente el jueves en la presentación de las nuevas estrategias municipales de vivienda junto al concejal del ramo, Josep Maria Montaner. Con los desahucios y el desbocado incremento del precio de los alquileres en Barcelona como principales caballos de batalla. Su cruzada para conseguir mecanismos que permitan al ayuntamiento limitar las rentas no ha generado hasta ahora precisamente entusiasmo en las Administraciones superiores

JARABE DE PALO PARA TODOS

En una comparecencia calificada por ella misma de excepcional, Colau no solo no ha dado marcha atrás sino que ha ido de caza mayor. La Generalitat y el Gobierno central han sido las presas. Ha asegurado que el desahucio en cuestión “no debía haberse producido nunca y no se tiene que repetir” en la capital catalana y ha reprochado al Ejecutivo de Carles Puigdemont no haberse puesto en contacto con el consistorio para “sumar fuerzas” y evitar el episodio.

Tenía más munición contra la Generalitat la edila, quien ha señalado que si finalmente la orden de desahucio se ha tenido que ejecutar “lo que el Govern no puede hacer como Administración pública es desentenderse del destino de la familia”.

“Estoy segura de que el conjunto de la ciudadanía rechaza esta situación”, ha afirmado, para añadir que “atenta contra el sentido común” que los Mossos hayan enviado, ha dicho, cuatro furgonetas de antidisturbios para propiciar el desalojo de dos mujeres y tres niños, todo un peligro.

También ha habido jarabe de palo para el Gobierno del PP, contra el que Colau ha cargado por haber impugnado ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de emergencia social. Si esta normativa, ahora suspendida, hubiera estado en vigor, se habría evitado el desahucio, ha asegurado. “Por eso hago responsable del desalojo al Gobierno del PP y a la actitud del Tribunal Constitucional”, ha sentenciado. Pero también a la Generalitat, que, según la alcaldesa, “en este caso podía haber hecho más”.

CASCADA DE DATOS

La respuesta del Govern a la desatada Colau ha sido numérica. Una cascada de datos. Le ha recordado que evitó de manera directa 4.334 desahucios durante el 2015 y un total de 16.827 desde el 2012, según sus datos. Y que en el primer tercio del 2016 han sido 1.129 las emergencias relacionadas con la vivienda atendidas con resultados positivos.

De las situaciones resueltas el año pasado, siempre según las cifras del Ejecutivo catalán, 2.851 casos contaron con prestaciones urgentes; 913 con acuerdos entre entidades bancarias y familias, en las que la Generalitat actuó como mediadora, y 570 con la adjudicación de viviendas a personas en serio riesgo de desalojo.

Asimismo, también en el 2015, se otorgaron 42.000 ayudas para pagar el alquiler de la vivienda y se destinaron a alquiler protegido 26.000 pisos. En total, ha seguido presumiendo el Govern, más de 70.000 familias contaron con la ayuda de la Administración catalana. 'Tot plegat', 80 millones de euros.

Tampoco ha aceptado el desafío institucional en toda regla de Colau la 'consellera' de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, quien le ha replicado, una vez más en Twitter, que para evitar desahucios es "imprescindible el trabajo conjunto y no reproches".