La diáspora de familias gitanas vacía aulas en La Mina y Sant Roc

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA

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Solo en Badalona, faltan medio centenar de alumnos de parvulario. En Sant Adrià de Besòs, la cifra es todavía una incógnita. Las escuelas de los barrios de la Mina y de Sant Roc, que el pasado febrero registraron una huida de entre 300 y 500 personas, que escapaban para evitar las consecuencias de un ajuste de cuentas entre clanes gitanos, han visto cómo se les vaciaban las aulas masivamente este curso. Y ahora, con los preparativos del próximo 2016-2017 en marcha, la continuidad de algunas clases, sobre todo de P3, pende de un hilo, al no haber formalizado la preinscripción las familias exiliadas. La situación inquieta, especialmente a las autoridades educativas, porque, aunque el mayor riesgo de no escolarización entre los niños de la comunidad gitana se produce en la educación infantil, resulta tanto o más preocupante cuando el menor deja de ir a clase a partir de los 12 años, "porque supone, en muchas ocasiones, la ruptura definitiva con la escuela", alertan los expertos.

Así, según datos de la federación de asociaciones de padres de alumnos de Badalona, "se han echado en falta entre 40 y 50 preinscripciones en educación infantil, lo que supone que si la Administración no toma medidas, están en peligro de cierre dos grupos, uno en cada uno de los dos colegios del barrio de Sant Roc", indica David Guerrero, presidente de la entidad. Una cifra similar de alumnos que debían dar el paso de la escuela al instituto no se habrían preinscrito.

De hecho, prosigue Guerrero, si no se hubieran producido esas ausencias, "los centros concertados de Badalona se habrían quedado con bastante más plazas vacantes de P3 que los públicos". En concreto, los dos colegios de titularidad pública de la zona de Sant Roc (el Baldomer Solà y el Josep Boada) han recibido un total de 36 solicitudes de preinscripción de nuevos alumnos, cuando en conjunto, entre ambos, ofrecían 123 plazas escolares para el primer curso del segundo ciclo de educación infantil.

AULAS AMENAZADAS DE CIERRE

"Con unos datos así habría, en estos momentos, dos clases de P3 amenazadas de cierre en ese barrio", advierte el presidente de las ampas badalonesas. Con todo, admite, "es de esperar que antes de que empiece el nuevo curso, en septiembre próximo, algunas de esas familias regresen al barrio y, por lo tanto, los niños vuelvan al colegio".

Esta es la misma premisa con la que trabaja ahora el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs, que prefiere optar por la cautela y se resiste a dar por definitivos los datos de preinscripción. En todo caso, han insistido fuentes municipales, "hay que esperar para ver qué ocurre finalmente". Muchas de las familias que salieron de La Mina, han regresado ya a sus casas. 

En el caso de la ciudad de Barcelona, en cuyo término municipal también se escolarizan parte de estos menores, la incidencia del éxodo de las familias gitanas ha sido muy baja. En esas escuelas, han precisado fuentes del Consorci d'Educació, cada curso se detectan llegadas y salidas de alumnos, debida a la alta movilidad que tienen sus familias. 

MENORES ESCOLARIZADOS

Igual de cautelosa se muestra la Conselleria d'Ensenyament, que recuerda que las listas definitivas de alumnos admitidos en las escuelas no se publicarán hasta el próximo 17 de mayo. "Y si para entonces no hay novedades al respecto, esos alumnos tienen reservada la plaza, ya que son centros con matrícula viva", subraya una portavoz del departamento. 

Esos niños, que dejaron sus hogares (y sus colegios) de un día para otro, después de que el clan de los Baltasares amenazara de muerte a sus familias, han sido escolarizados estos últimos meses en varias poblaciones del Maresme, que es donde se han instalado la mayoría de las personas que emprendieron el éxodo hace cuatro meses. "En cuanto los servicios sociales municipales dieron el aviso de su presencia, se procedió a su escolarización en esos municipios", asegura Ensenyament.

La Generalitat tiene en marcha desde hace años, en colaboración con los responsables de la comunidad gitana, un programa para evitar el absentismo escolar, en el que participan activamente los ayuntamientos. Son estos los que aportan los medios (asistentes sociales, policías locales) para la detección de los menores en edad escolar que no van al colegio.

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