Desterrados del paraíso

La desazón recorre cual fantasma todas las plantas de la vieja finca, en el número 6 de la calle de Rivadeneyra, el pequeño y cotizadísimo pasaje que une la plaza de Catalunya y la placita tras la parroquia de Santa Anna (el callejón sin salida junto al Hard Rock Café, para que nadie se pierda). En la entrada del edificio, dos visibles murales de aspecto naïf advierten con un «Adéu» y un «Fins aviat» de lo que está a punto de suceder: la decena larga de entidades vinculadas a la Iglesia que ocupan la céntrica construcción desde hace décadas están a punto de ser expulsadas, ya que el arzobispado, propietario del inmueble, ha decidido alquilarlo a precio de mercado, con lo que en abril tienen que estar fuera, algo que no ha sentado demasiado bien a prácticamente nadie.

«Han dado prioridad a un proyecto económico ante un proyecto pastoral», lamenta un miembro de una de las muchas asociaciones afectadas, quien también critica la falta de información recibida durante todo el proceso y las prisas. «Tener que marcharnos a mitad de curso, con todas las actividades en marcha, no nos parece que sean maneras», apunta otra voz del colectivo.

En el edificio conviven actualmente entidades y organismos muy dispares. Desde la oenegé Justícia i Pau -archiconocida por su discurso crítico con el sistema y su defensa a ultranza de los derechos humanos y de la cultura de la paz-, la Joventut Obrera Cristina (JOC), entidad que tiene en marcha una campaña contra los recortes, o Acció Catòlica Obrera (ACO) y hasta el Tribunal Eclesiástico.

Los motivos esgrimidos por el arzobispado para tal decisión son claros. El edificio es muy antiguo y necesita una reforma muy cara cuyo coste no pueden asumir y han encontrado un inquilino que les ofrece unas buenas condiciones económicas y se compromete a pagar esos trabajos, con lo que han optado por alquilárselo. La noticia se comunicó a los afectados en septiembre, aunque era un rumor que corría desde hacía años. La Iglesia se ha comprometido a recolocar a todas las entidades en distintos locales de su propiedad en idénticas condiciones, es decir, sin tener que pagar alquiler, solo correr con los gastos. Pese a eso, para las entidades no es lo mismo estar juntas en el kilómetro cero de la ciudad, que dispersas y cada una en una punta. Algunas han logrado desplazarse juntas, como la JOC y la ACO, que han pactado moverse a Santa Madrona, en el Poble Sec.

Pérdida de centralidad

Otras aún no han cerrado el traslado, aunque están a punto. «No nos podemos quejar porque estamos aquí en precario y nos van a recolocar a todos, pero, obviamente, el traslado supondrá un empobrecimiento. Perdemos centralidad y, al disgregarnos, perdemos fuerza. Ahora organizamos muchísimas cosas juntos y eso será mucho más difícil. Afectará muchísimo a la dinámica de trabajo comunitario», reflexiona otro afectado cabizbajo, como todos.