El Imagine del tono de espera de su móvil sonaba ayer menos utópico que de costumbre, igual que el «¡sí se puede!» que las decenas de vecinos concentrados en la puerta de su casa corearon al conocer la noticia. Y es que ayer se pudo. La presión popular canalizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró que Bankia condonara una deuda de casi 300.000 euros a Matías González, de 56 años, divorciado, con un hijo adolescente a su cargo, sin trabajo y con los 400 euros de renta mínima de inserción como único ingreso.

Victoria 8 Matías González muestra la condonación de la deuda firmada por Bankia gracias a la presión popular. RICARD CUGAT

Victoria 8 Matías González muestra la condonación de la deuda firmada por Bankia gracias a la presión popular. RICARD CUGAT

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Información publicada en la página 35 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 14 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Eso sí, tuvo que abandonar el piso, ya subastado por la entidad bancaria. «La alegría no es completa porque yo quería un alquiler social pero con el mismo el piso. En el barrio», explica González, quien ya se ha mudado a la vivienda de emergencia social en Via Trajana.

El de ayer fue el cuarto intento de desahucio para Matías, uno de los activistas de la PAH más comprometidos con la causa. «El primero fue el 4 de mayo del 2011; el segundo, el 14 de julio; y el tercero, el 4 de octubre», enumera sin tenérselo que pensar. El de ayer fue diferente por dos motivos: porque finalmente Bankia firmó la condonación de la deuda que seguía reclamando a Matías después de haberle subastado el piso (la parte positiva de la historia), pero, por otro lado, fue el día en el que dejó el edificio de Gran de Sant Andreu en el que vivía desde los 14 años. Y dejó a su gente, lo que más le duele.

Además de intentar por todos los medios que la entidad bancaria le ofreciera un alquiler asequible para no tener que abandonar su vivienda -en la que vive junto a su hijo de 17 años—Matías llevaba mucho tiempo, con el apoyo de la PAH, hablando con el ayuntamiento para que le buscaran un piso protegido en el barrio, pero no hubo manera y ha tenido que mudarse a Via Trajana. «No tenemos coche y esto está muy mal comunicado, pero no tenemos alternativa», lamenta Matías, a quién lo que más le preocupa es su hijo, al que no le gusta nada el nuevo barrio. En esta vivienda de emergencia social paga un alquiler de 71 euros.

Los problemas para Matías empezaron en el 2009, cuando tuvo que cerrar el bar que regentaba desde hacía 15 años en el barrio de Singuerlín, en Santa Coloma, tras la muerte de uno de su socio y una enfermedad grave del otro. «Era autónomo, por desgracia, por lo que no tuve derecho a paro. Pasé siete meses sin cobrar nada, hasta que pude arreglar los papeles de la ayuda, así que no tuve más opción que dejar de pagar la hipoteca», relata el hombre, ya desde su nueva vivienda. «No sufría solo por mí. Sufría también por mi hija mayor , que tiene 25 años, también estaba en la hipoteca», añade.

En los últimos tres años, González ha estado en todas las luchas, acudiendo a todas las citas para evitar las amenazas de desahucios de todos sus compañeros. De hecho, es de los activistas que más firmas ha recogido para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir el cambio de la ley hipotecaria. Todos los sábados se pone frente a la Maquinista en busca de apoyos.

Pisos vacíos

Ada Colau, portavoz de la PAH, señala que el caso de ayer es importante porque se trata de la primera condonación de deuda que logran con Bankia, pero apunta que hay que ir más allá. «Es intolerable que un banco rescatado con dinero público expulse a un vecino de su casa. Todos los pisos vacíos en manos de Bankia deberían reconvertirse en pisos sociales», denuncia la activista, quien también critica que el piso ofrecido por el ayuntamiento para realojar a González no cumple con las mínimas condiciones. «Seguiremos luchando para que Matías pueda volver al barrio», advierte Colau.

En España se producen cada día 517 desahucios, un centenar de los cuales, el 20%, en Catalunya. De estos, la mayoría se concentran en Barcelona.

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