Cornellà remacha su política social con 40 pisos y un plan de becas

Un usuario de la Biblioteca de Sant Ildefons lee una revista mientras estudiantes de bachillerato preparan exámenes, el pasado jueves.

Un usuario de la Biblioteca de Sant Ildefons lee una revista mientras estudiantes de bachillerato preparan exámenes, el pasado jueves.

CARLES COLS / CORNELLÀ

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El Ayuntamiento de Cornellà ha recibido una herencia. Bien, en realidad ha cobrado una plusvalía de 875.000 euros no prevista en los presupuestos municipales, lo que para el caso es lo mismo. Otras ciudades tal vez deberían emplear una fortuna así en sanear las cuentas públicas, pagar facturas o, en los casos más graves, solo intereses bancarios pendientes, pero Cornellà está en el podio de los municipios españoles con menos deuda per cápíta, así que el equipo de gobierno ha decidido destinar de inmediato la totalidad de esa cifra a dos emergencias sociales: primero, ofrecer un piso de alquiler a precios realmente sociales a 40 familias y, segundo, abrir una línea de becas universitarias dotada con 140.000 euros para los mejores estudiantes de la ciudad ahora que el Gobierno central ha cerrado parcialmente el grifo de estas ayudas.

El presupuesto anual de Cornellà es de unos 65 millones de euros. Conocer esa cifra es necesario para comprender cuánto pesa en términos sociales la plusvalía recién recibida tras la operación de venta de un edificio del World Trade Center de la ciudad. Mucho.

Los 875.000 euros han sido divididos en dos partidas. La primera es la porción grande del pastel, 735.000 euros que se destinarán a alquileres sociales con una fórmula inexplorada hasta ahora. El ayuntamiento tiene previsto abrir con celeridad un concurso público en busca de pisos de alquiler en la ciudad. A los propietarios se les garantizará el cobro de las mensualidades. El inquilino pagará 180 euros. El resto, hasta llegar al alquiler pactado, saldrá del fondo municipal constituido a partir de la plusvalía. En tiempos de la burbuja inmobiliaria, esa solución, que los ayuntamientos gestionaran pisos de alquiler particulares, ya se empleó. Entonces surgió por el temor al impago que atenazaba a los dueños de los apartamentos. Ahora es distinto. Ahí radica la novedad. El concurso público que abrirá el ayuntamiento subrayará de un modo especial que de lo que se trata es de atender una emergencia social. En cierto modo, será poco menos que sellar una alianza mitad pública y mitad privada de respaldo a quienes peor llevan la crisis económica, con la peculiaridad de que el socio que busca esta vez la Administración no es una fundación privada convencional, sino cuatro decenas de ciudadanos que tengan un piso disponible para el mercado del alquiler.

Éxitos y fracasos

La iniciativa se pone en marcha, efectivamente, cuando ya expira el mandato electoral. El próximo 24 de mayo hay cita con las urnas. El cobro de la plusvalía ha llegado cuando ha llegado. En defensa de que esta no es solo una maniobra electoral del equipo de gobierno hay que reconocer, en honor a la verdad, que no es la primera medida que se pone en marcha desde el Ayuntamiento de Cornellà en este mandato para paliar el problema de la vivienda en tiempos de crisis. Eso sí. Ha habido de todo. Éxitos y fracasos.

Tras las elecciones del 2011, la mayoría de alcaldes metropolitanos pusieron el foco sobre el creciente parque de pisos producto de desahucios que acumulaban los bancos. Se prometieron negociaciones con las entidades financieras y, en caso de resistencias injustificadas, sanciones. Habría que poner los resultados de ese plan en el saco de los fracasos. En Cornellà, por ejemplo, hay a día de hoy 41 pisos vacíos en manos de bancos, tantos como pretende poner ahora en alquiler el ayuntamiento a precios sociales. La ley decanta la balanza en favor del criterio de cada director de oficina bancaria hasta extremos que a veces sorprenden. No es inusual que los bancos, como dueños del piso tras el desahucio, ni siquiera paguen la parte que les corresponde de gastos de comunidad.

En contrapartida, Cornellà creó en el 2012 una oficina de mediación hipotecaria que, hasta ahora, ha conseguido paralizar 357 desahucios en la ciudad, que de haberse ejecutado hubieran tendido dolorosas consecuencias en la ciudad.

Otra de las decisiones tomadas a lo largo de este mandato, sintomática además de lo profundo de la crisis, ha sido reciclar el parque de pisos de protección oficial de la ciudad, de la venta al alquiler. La caída de los precios en el mercado inmobiliario ha sido de tal calibre que el precio de la protección oficial ha resultado al final más alto que del mercado libre de segunda mano. Cornellà tenía así 116 pisos dormidos. Corría la lista de aspirantes a una de esas viviendas y pocos se decidían, a veces porque los bancos no les concedían las hipotecas y a veces porque los encontraban comparativamente caros. Esas 116 viviendas, como remedio municipal, pasaron a engrosar las listas de alquiler público de la ciudad, en este caso con derecho a compra.