El Ayuntamiento de Cornellà expresó ayer en mayúsculas su disconformidad con la decisión de una jueza de anular el cierre administrativo de una discoteca con el argumento de que ello ponía en peligro 25 puestos de trabajo. Cornellà decretó el cierre de la discoteca Capitolio la semana pasada por exceder ampliamente el aforo permitido y, así, de paso, atender a las quejas de los vecinos que están hartos de los ruidos. Una jueza revocó la orden. Ayer, el Ayuntamiento de Cornellà volvió a ordenar el cierre por los mimos motivos que la primera vez.

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Información publicada en la página 41 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 23 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El pulso entre el municipio y el inusual fallo judicial es, ya por si solo, tenso. El plus lo puso el pasado fin de semana el hecho de que, en ese paréntesis abierto por la justicia que permitió a la dirección de Capitolio abrir de nuevo, murió a las puertas del establecimiento un joven ecuatoriano en una pelea con cuchillos.

El gobierno municipal de Cornellà decretó ayer el cierre, pero anunció además que ha pedido una entrevista a la jueza para poder explicarle de primera mano «el historial de infraccciones de la discoteca», porque en el decreto de cierre figura básicamente el incumplimiento de los límites de aforo, una falta que puede parecer en principio leve. En concreto, los inspectores municipales constataron la última vez que acudieron al local que había 566 personas en su interior cuando el máximo permitido son 356.

El Ayuntamiento de Cornellà, por otra parte, ha solicitado a la Conselleria d'Interior que vuelva a poner en marcha el dispositivo especial de vigilancia que mantenía en el sector Famades, donde se encuentra la discoteca Capitolio, para evitar incidentes allí las noches de fin de semana. Los agentes de la policía autonómica patrullaron hasta julio del 2011 la zona, mano a mano con la Guardia Urbana de Cornellà. El resultado de aquella colaboración, según el ayuntamiento, fue muy beneficioso para los vecinos. Sin embargo, pasadas las vacaciones, Interior retiró a sus agentes, lamenta el municipio.