Un contrato para evitar conflictos antes de las elecciones
El entonces primer teniente de alcalde, el convergente Joaquim Forn, firmó el alquiler por parte del ayuntamiento
El exteniente de alcalde, Joaquim Forn. / periodico
Por qué confiar en El Periódico El 1 de enero del 2015 es la fecha que aparece el contrato firmado por Joaquim Forn, primer teniente de alcalde en el anterior gobierno municipal, presidido por el convergente Xavier Trias, y la empresa Antartic Vintage, propietaria de la finca del denominado 'banco expropiado'. El documento deja claros los objetivos: “Que ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local ocasionara disturbios y altercados que pueden poner en peligro la paz social del entorno en que se encuentran las fincas ocupadas, el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado a Antartic Vintage (empresa propietaria del local) la suspensión provisional [del desahucio previsto], en aras a intentar negociar con los ocupantes su desalojo pacífico y voluntario, a lo que ha accedido la propietaria”.
Forn fue la persona que firmó ese contrato, que tenía una duración inicial de un año, aunque podía ser prorrogado luego por trimestres sucesivos. Su vigencia y duración se estableció “en atención a la efectiva consecución por parte [del consistorio] del objetivo de desalojar pacíficamente el local”.
Tanto la empresa propietaria como el consistorio afirman en el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que desconocían el “estado del local” y sus instalaciones, y que el Ayuntamiento de Barcelona asumía la obligación de restituirlo al final del contrato en “buenas condiciones para su uso inmediato”. E incluso se fijan esas “buenas condiciones”, que son: que sea accesible, esté dotado de las instalaciones aptas para la contratación de los suministros de agua y electricidad, que disponga de un mínimo de tres sanitarios y que “las paredes, los techos y los suelos se hallen saneados”.
LAS MENSUALIDADES
El consistorio se comprometió a pagar por este local una primera mensualidad de 6.000 euros y las restantes, de 4.000 euros, pagaderos por meses anticipados. A partir de enero del 2016, el alquiler se incrementaba hasta los 5.000 euros mensuales.
El contrato prohibía la realización de obras en el interior del local, salvo autorización explícita y por escrito de la empresa propietaria. Y si se efectuara algún tipo de reparación, según el documento, correría a cargo del Ayuntamiento de Barcelona.
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