Una alcaldesa informada por los vecinos

Colau afirma que conoce las noticias de la ciudad por los resúmenes, las redes sociales y los encuentros con barceloneses

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TONI SUST / BARCELONA

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La primera vez que Ada Colau acudió al Col·legi de Periodistes para abrir el curso de la institución tenía solo a 11 concejales en el gobierno municipal, pero a menudo eran 20 o 21 los que estaban en su bando en votaciones relevantes, porque ERC, el PSC y la CUP, con su apoyo abstención, le ayudaban a salvar barreras en temas clave.

Esta vez se ha presentado con 15 concejales, incluidos ya los socialistas en el gobierno local, pero sin apenas un voto más que mostrar: desde que pactó con ellos no ha logrado respaldo de anticapitalistas y republicanos para sacar adelante el PAM, las ordenanzas municipales ni los presupuestos, lo que ha admitido, sin perjuicio de elogiar lo que supone la aportación de sus socios: “Sumar a los cuatro concejales del PSC ha sido muy positivo”.

Durante su intervención ha recalcado varias veces la necesidad de buscar el consenso y ha defendido que este es imprescindible: “Queremos hacer los pactos más amplios posibles”. De paso, ha recordado un par de veces que ha trabajado de forma especial con la CUP y con ERC para pactar el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos). Quizá pensaba en los republicanos cuando ha advertido de que la ciudadanía castigará con la desafección la falta de búsqueda de acuerdos, de la que por otra parte los grupos de la oposición acusan a su gobierno.

RESÚMENES DE PRENSA

A la alcaldesa le han preguntado cómo se informa, y ha contestado que lo hace gracias a tres fuentes: los resúmenes de prensa que prepara el personal del consistorio, las redes sociales y los encuentros con vecinos que mantiene cada dos viernes. “Los hacemos sin orden del día”.

Sobre el cambio que prometió su candidatura ha dicho: “Creo que en un año no se pueden hacer todo”. Y ha citado lo que ve como logros en su más de año y medio como alcaldesa: “Se ha impulsado la transparencia, se han hecho cosas impensables. Transparencia en ingresos, en dietas. Un código ético en la fase final del consenso para acordarlo. No me lo atribuyo como mérito. Si llegamos al gobierno es porque se pedía un cambio. Queda mucho por hacer”.

Incluso ha elogiado el turismo, aunque entre la asistencia algunos debían de dudar de su sinceridad: “Nos gusta que Barcelona sea visitada por mucha gente, pero en los últimos años no ha habido regulación, y eso ha hecho que hubiera un descontrol, que ha provocado desequilibrio”. El que debía de dudar, por ejemplo, es el excalcalde Xavier Trias, que nada más acabar la conferencia ha hecho llegar a los medios una enmienda total a su sucesora aprovechando su intervención: “Ha demostrado una gran falta de información y de conocimiento de cuestiones básicas”. Trias ha criticado que la alcaldesa hable de consenso y se ha preguntado si no sabe cómo negocia su equipo: “El diálogo que practican es muy duro, por no decir inexistente”. Además, la concejala de CiU Sònia Recasens ha denunciado que ya Trias contaba con un plan para el Llobregat similar al presentado.

POLÍTICA SOCIAL Y ALQUILER

Colau ha exhibido la inversión en política social de su gobierno para el 2017 como un signo característico de que sí ha habido cambio: “El gasto corriente en política social será de 332 millones, por los 189 millones del 2015”.

También ha aludido a la labor desarrollada en vivienda, y ha considerado un cambio innegable el hecho de que la Generalitat haya creado un grupo de trabajo sobre regulación del alquiler cuando, meses atrás, ella defendió la necesidad de establecer límites y lo advirtió a la Generalitat y al Estado, y no querían ni hablar del tema.

EL ALBERGUE DE LA VILA OLÍMPICA

A Colau la esperaban a la entrada del Col·legi de Periodistes un grupo de vecinos de la Vila Olímpica que rechaza la apertura de un albergue de 440 habitaciones. El consistorio argumenta que para frenar el proyecto tendría que comprar el inmueble, por unos 13 millones de euros. Los vecinos le han dado un papel que sostiene que bastaría con expropiar el permiso de obra, con una indemnización prevista de 317.000 euros. Está por ver si la alcaldesa hace caso a sus antiguos colegas, los activistas.