Colau inicia un camino tortuoso hacia la aprobación de los presupuestos

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TONI SUST / BARCELONA

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Pasadas las fiestas de la Mercè, Ada Colau afronta una senda tortuosa e incómoda aunque con previsible final feliz para el equipo de gobierno que integran Barcelona en Comú (11 concejales) y el PSC (cuatro ediles). Se trata del camino hacia la aprobación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales del consistorio para el 2017. Con la oposición más que mosqueada, la negociación con el resto de grupos se antoja complicada. Colau no tiene esta vez la opción de prorrogar las cuentas, como hizo hace un año.

Descartada la prórroga, una decisión del Tribunal Constitucional le cerró este verano otra vía, que era una puerta a solucionar el problema hasta el final del mandato: la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que parió el Gobierno de Mariano Rajoy y que permitía que los gobiernos municipales en minoría pudieran imponer sus presupuestos, sin pactarlos con nadie, si el pleno municipal los tumbaba y estos habían sido prorrogados el año anterior. El alto tribunal anuló la norma y ahora a Colau le quedan dos vías. Una es la tradicional: lograr la mayoría pactando con otros grupos. La otra, una cuestión de confianza, como hizo el entonces alcalde Xavier Trias en el 2013: se presenta un proyecto de presupuestos asociado a una cuestión de confianza. Si el proyecto no logra la aprobación, se da un mes a la oposición para que logre una nueva mayoría en el consistorio y elija a un nuevo alcalde. Si no lo logra, el proyecto presupuestario inicial del equipo de gobierno se impone. Y por ahí parece que andarán los tiros.

“La cuestión de confianza se debe tener en cuenta como una vía más. No es el escenario deseado. Es el plan b”, resume pese a todo el socialista Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde. Lo que parece descartado es que la oposición elija a un nuevo alcalde. Para ello deberían figurar en el mismo equipo CiU, ERC, el PP y Ciutadans.

SOCIOS ESCARMENTADOS

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, insiste desde hace semanas en que el gobierno municipal dará prioridad a una negociación con el resto de grupos para sumar la mayoría, otorgando prioridad a las fuerzas de izquierdas que ya acompañaron a Colau en algunas votaciones clave de su primer año de mandato: ERC y la CUP (el otro socio en las votaciones era el PSC, cuando aún no estaba en el equipo de gobierno).

Pero si ya costó recabar su apoyo para la modificación de crédito aprobada en mayo, ahora pinta más difícil, porque tanto los republicanos como los cuperos consideran que Barcelona en Comú no ha atendido los compromisos que cerró con ellos a cambio de su apoyo.

“Si no se cumplen los pactos, no podemos empezar a negociar”, afirma el jefe de filas de ERC en el consistorio, Alfred Bosch. A Bosch le duele que no se haya avanzado en los proyectos de desbloqueo del traslado del inicio de la cárcel Modelo y de la llegada del metro a la Zona Franca, a cambio de las que prestó su apoyo a Colau: “¿Que no estén al 100%? Es que estamos en el 0%”, lamenta. Para Bosch existe otra derivada: considera que Barcelona en Comú no puede pedir colaboración para aprobar las cuentas cuando Catalunya Sí Que Es Pot no colabora en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Un vaso comunicante que se inscribe en la competición política entre ERC y los comunes en el futuro inminente de la política catalana.

Para la CUP, existen dos premisas a tener en cuenta: el proceso de participación que deseaban incorporar a la aprobación de los presupuestos y el cumplimiento de los acuerdos previos con Barcelona en Comú. “Ahora haremos un análisis de ese cumplimiento”, afirma Xavier Monge, asesor del grupo, que no parece muy optimista sobre el resultado de ese análisis. De la participación, dice, nada de nada, pese a que figuraba en el programa de BC, como en el de la CUP. “Es más fácil que nos pongamos de acuerdo sobre las ordenanzas que sobre los presupuestos”, vaticina.

ORDENANZAS

Las ordenanzas no entrañan tanto conflicto, pero sí un calendario más complicado. Si se trabaja con el objetivo de una aprobación en el último pleno del 2016, el equipo de Colau debe llevar un proyecto de cuentas a comisión el 15 de diciembre. Pasados 15 días de exposición pública, el asunto va al pleno. Pero en el caso de las ordenanzas, el periodo de exposición es de 30 días, lo que obliga a llevarlo a comisión el 18 de octubre. Si no hay acuerdo, al empezar el nuevo año se prorrogan las ordenanzas como se aprobaron a finales del 2015, lo que no sería un drama.

Los concejales del grupo de CiU no lo dicen, pero deben de haber comprado palomitas al ver a Colau donde estuvo Trias. También es cierto que recuerdan que, pese a lo engorroso del trámite, el presupuesto que aprobaron gracias a la cuestión de confianza fue el que más se ajustó a su voluntad, al no tener que pactarlo. “Si vienen a negociar las ordenanzas querremos hablar de presupuestos. No tiene sentido que negociemos los ingresos y no los gastos”, advierte Sònia Recasens, cerebro económico del grupo..

FERNÁNDEZ DÍAZ Y LA MAYORÍA ALTERNATIVA

Ciutadans y el PP, como CiU, parecen descartados de la negociación, como denuncia Carina Mejías: “Limitándola a los grupos de izquierda, Colau limita el consenso sobre grandes proyectos de ciudad. No dice mucho de su capacidad de diálogo”.

El jefe de filas de los populares, Alberto Fernández Díaz, lo tiene muy claro: “Barcelona no tuvo nuevos presupuestos el año pasado porque a la alcaldesa le faltó coraje para una cuestión de confianza. La única negociación viable es la de buscar una mayoría alternativa al actual equipo de gobierno”. 

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"El presupuesto para el 2016 qued\u00f3 en\u00a02.549 millones","text":"Tras la aprobaci\u00f3n, en mayo, de la modificaci\u00f3n de cr\u00e9dito en un pleno extraordinario, el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para el 2016 qued\u00f3 fijado en 2.549,4 millones de euros. De hecho, se tratataba de unas cuentas heredadas de CiU, del presupuesto para el 2015, el \u00faltimo\u00a0que cerr\u00f3 el entonces alcalde Xavier Trias. Falta de apoyos, la alcaldesa, Ada Colau, se vio obligada a prorrogarlas. La cantidad inicial del presupuesto para el 2015\u00a0era de 2.370 millones, que tras la pr\u00f3rroga se convirtieron en 2.276,8 millones. De los 275,5 millones de euros que agreg\u00f3 la modificaci\u00f3n, 114,4 millones estaban previstos para inversiones, 158, 1 millones para gasto corriente y 2,9 millones, para activos financieros. Del aumento neto que experiment\u00f3 el gasto corriente, los citados 158,1 millones, un 25%, 39 millones de euros, se anunci\u00f3, se destinar\u00edan a programas y pol\u00edticas de servicios sociales."}}