Colau vuelve a casa

El Ayuntamiento de Barcelona organiza un sábado por la mañana, con huelga de metro convocada y un cielo incierto que no se sabe si va a llover, una jornada de debate ciudadano sobre las propuestas que en materia de vivienda han puesto ya sobre la mesa en anteriores sesiones similares vecinos de los 10 distritos y los responsables del propio ayuntamiento. ¿Sobrarán sillas? No. En el auditorio principal de las Cotxeres de Sants hubo asistentes de pie en los pasillos laterales. ¿El debate no se saldrá de los tópicos y de los lugares comunes? Tampoco. Tras una presentación inicial a cargo de la alcaldesa Ada Colau y del concejal de ramo, Josep Maria Montaner, se organizaron cuatro grupos de debate que sirvieron para constatar primero lo obvio, que Barcelona tiene un grave problema con la vivienda, pero, segundo y no menos importante, que a la llama de ese conflicto se ha alumbrado una generación de vecinos con un enciclopédico conocimiento sobre la cuestión.

El proceso de participación para que los barceloneses dejen su huella en el Plan de Actuación Municipal (PAM) 2016-2019 finaliza el próximo 9 de abril. La sesión de las Cotxeres de Sants, pues, forma parte de la recta final del proceso. Para Colau es, si se simplifica, un retorno a casa, a sus orígenes mediáticos como activista, pero como en un intermedio del acto explica una especialista en derecho administrativo, la alcaldesa ha descubierto ya que resolver el problema de la vivivienda es más difícil que parar en comandita un desahucio bancario. Con todo, admite que Colau, en términos flamencos, conserva intacto su duende. En su intervención inicial avisa de que "la burbuja especulativa del alquiler" está en marcha. La advertencia parece que ha comenzado a calar en la calle. De todas las propuestas que hasta ahora ha recogido el proceso participativo, la más repetida por los ciudadanos es que, de un modo u otro, se regule el mercado del alquiler. No es una competencia municipal, pero en una de las mesas de trabajo posteriores se plantea que, como mínimo, el ayuntamiento podría publicar unos precios recomendados según las características y ubicación de cada piso.

UN EDÉN PARA INVERSORES

Esa propuesta, la de la regulación, ya la formuló el pasado 2 de marzo la alcaldesa. Desde luego no fue bien acogida por el sector. Una de las opiniones contrarias que de inmediato salieron a la contra planeó en cierto modo en la sesión vecinal. Regular el mercado del alquiler, dijo entonces un experto inmobiliario consultado por 'El Pais', podría ahuyentar a los inversores que han decidido que Barcelona es un buen lugar para sacar un rendimiento de sus negocios inmobiliarios. Otro experto, en este caso del Idealista.com, aplaudió a Rajoy como el gran impulsor del mercado del alquiler ebn España y aconsejó a Colau que se asesore con técnicos y “no con palmeros”. La réplica a esos pareceres se pudo escuchar en las Cotxeres de Sants con el diagnóstico de lo que está ocurriendo actualmente en Barcelona.

Por una parte, están las infraviviendas, todo ese parque de insalubres condiciones y que, pese a ello, se alquila, preferentemente a simpapeles. Una caso confirmado por un inspector municipal en Ciutat Vella, como se explicó en una de las mesas de debate, es el de un piso de 12 metros cuadrados en el que vivían cinco personas por 600 euros al mes.

Luego está el problema de las familias a las que les finaliza el contrato del alquiler. La última reforma del PP estableció un mínimo de tres años. Antes eran cinco. Eso fue precisamente hace tres años. Lo que se encuentran esas familias afectadas es que los precios suben. En el área metropolitana, Barcelona es una singularidad en ese sentido, así que, de forma inevitable, en los debates y en las propuestas vecinales apareció una y otra vez el caso de las viviendas de uso turístico, una expresión que el concejal Montaner sostiene que es un oxímoron, pues si es para turistas dejan de ser viviendas.

CADA DISTRITO, UNA SITUACIÓN

Hay más colectivos damnificados por el ultraliberal mercado inmobiliario barcelonés. Los jóvenes que no pueden emanciparse es casi un quiste perenne de esta ciudad. Las personas mayores, sobre todo mujeres, que apenas salen de casa porque no tienen ascensor, merece el mismo calificativo. Poco o mucho, para cada uno de los males hay al menos una propuesta recogida en el PAM participativo, pero, además, el contacto con los vecinos ha permitido al equipo de gobierno diagnosticar con más precisión los problemas inmobiliarios de cada distrito o barrio.

En Nou Barris, por ejemplo, entre las propuestas destaca la necesidad de repartir equitativamente en el conjunto de la ciudad las viviendas destinadas a emergencias sociales, porque en caso contrario se corre el riesgo de crear guetos, avisan. En Sant Martí alertan del avanzado grado de deterioro de algunas promociones públicas no muy añejas. En Ciutat Vella es sobradamente conocido que el acoso a los últimos residentes de algunas fincas para que se vayan y dejen paso al turismo es a veces delictivo. Sant Martí es la zona cero de los desahucios. Los problemas de Sarrià-Sant Gervasi obviamente son distintos, pero los hay. A título de detalle, salió a la luz un dato singular. Un 80% de las licencias de obras que se conceden en esa zona de la ciudad son para dividir en dos, tres o cuatro pisos una vivienda clásica del barrio.

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