Ciutat Vella obliga a arreglar 72 fincas en muy mal estado

La antigüedad de los edificios no debe representar un problema si las fincas se han mantenido a lo largo de los años y han recibido un buen uso. Pero es evidente que en Ciutat Vella, donde el 68,3% (4.318) de sus viviendas fueron construidas antes de 1901, decenas de casas no han sido reparadas en años, algo que se hace muy flagrante al traspasar puertas de entrada y ver sin demasiada dificultad humedades, grietas, vigas o suelos en mal estado, por no hablar de sobreocupación. El distrito, tras revisar 800 expedientes abiertos por construcciones en mal estado, ha vuelto a visitar 350, entre las que ha visto 72 en estado muy deficiente. Ahora obligará a sus dueños a ponerse manos a la obra.

A partir de un nuevo protocolo, que en una primera fase incide en esos 72 edificios que aúnan 720 pisos en los que viven unos 1.500 vecinos, se llevarán a cabo nuevos estudios para determinar las obras y el presupuesto, y se notificará al propietario. Este tendrá un mes para presentar el proyecto sin tener que pedir licencia, puesto que es el ayuntamiento quien insta a rehabilitar.

SUBSIDIARIAMENTE, EL CONSISTORIO / En el caso de que desoya al ayuntamiento, puede haber hasta tres sanciones -cada una por valor del 30% del presupuesto de las obras-, y si tampoco funciona esta vía será el consistorio quien ejecute los trabajos subsidiariamente. En este último caso, si los propietarios no puede pagarlas serán anotadas como cargas de la finca en el registro de la propiedad. El ayuntamiento insiste en que aplicará todas las medidas para no poner dinero en ningún caso.

Esta iniciativa, que la concejala de Ciutat Vella, Mercè Homs, calificó ayer como uno de los planes estrella del mandato, se complementa con el proyecto específico del Área de Rehabilitación Integral de la zona de la calle de Robadors, donde, además de acabar con la degradación, se quiere abordar la prostitución, si bien este plan va más allá e incluye la posibilidad de expropiar fincas.

El ayuntamiento calcula que la rehabilitación de cada finca supone un máximo de dos años entre que se abre el expediente y se completan las obras, y pretende al menos haber iniciado los procedimientos de las primeras 72 (39 de ellas con una misma propiedad y 33 con dueños diversos) durante este mandato, que se agota en el 2015.