Ciutat Vella abre una ofensiva contra los pisos turísticos ilegales

A contrarreloj, como sucedió con la moratoria de licencias hoteleras, el nuevo equipo de gobierno municipal de Ada Colau busca combatir este mismo verano los efectos indeseados del éxito turístico de Barcelona. Hoy ha presentado tres medidas para frenar la actividad de los lucrativos pisos turísticos ilegales, aunque su resultado dependerá en exceso de la buena voluntad de los operadores ilegales y de los propios turistas.

La primera medida anunciada por el teniente de alcalde Gerardo Pisarello consiste en condonar parcialmente la deuda de los operadores sancionados por ejercer sin licencia. Ciutat Vella cuenta con 330 casos expedientados, con una media de 15.000 euros de multas, susceptibles de condonar el 80% de las sanciones a cambio de ceder el piso al ayuntamiento para darle uso de alquiler social durante tres años.

PRUEBA PILOTO

El otro 20%, unos 3.000 euros de media, se puede abonar directamente o pagar con el alquiler generado desde el primer momento. La concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, destacó que en el distrito se producen 250 desahucios al mes, y que la nueva medida podría combatir esta sangría de vecinos, revertiendo los problemas generados hasta ahora por los pisos turísticos. En este caso se trata de una prueba piloto en el distrito central hasta final de año, que podría extenderse si funciona al resto de la ciudad.

La siguiente iniciativa es una campaña de comunicación, mediante folletos y una web, para animar al turista a denunciar los casos de vivienda por días ilegal. Se le informa de cómo detectarla y comunicar la situación. Supuestamente, por el bien de la calidad del alojamiento. No obstante, si el reclamo es el precio o la ubicación y no se produce una mala praxis por parte del operador del piso, parece más que complicado que el viajero se dedique a hacer de policía durante sus vacaciones.

LEGALIDAD

Por último, y en este caso sí se perfila como una medida más efectiva, a escala de toda la ciudad, el ayuntamiento emplaza este mes a todas las plataformas que anuncian alojamiento turístico a que comuniquen las direcciones y nombre de los propietarios en los casos en que el anuncio no se acompaña del preceptivo número de registro de la Generalitat que garantiza su legalidad.

A partir de septiembre, y con las herramientas que permite la ley de turismo del Govern, se sancionará piso por piso no registrado, y a las plataformas que no faciliten estos datos. Cortar la vía de difusión del alojamiento ilegal puede suponer en la práctica su comercialización efectiva.

Pisarello cree que estas intervenciones son urgentes para que el turismo se perciba como una fuente de riqueza y no "un mal de cabeza" para el barcelonés. El ayuntamiento admite que algunas medidas son idea de las entidades y asegura que escuchará más la voz del vecino que la de los lobis que hasta ahora se han hecho oir. El objetivo urgente, dice el concejala, es erradicar una posible burbuja especulativa en el marco del turismo.