La ciudad hace los deberes

El anuncio de que Cornellà destinará 140.000 euros a becar a los mejores estudiantes de la ciudad en caso de que las limitaciones económicas familiares les dificulten el acceso a la universidad es una decisión coherente con anteriores iniciativas que a lo largo de los últimos cuatro años ha impulsado ese ayuntamiento del Baix Llobregat. A finales del 2013, el equipo de gobierno puso en marcha un plan de ocupación que, con un presupuesto de dos millones de euros, pretendía dar trabajo, aunque fuera solo temporal, a 300 personas en paro. Otros ayuntamientos han incluido también en sus políticas sociales planes de ocupación así. Lo singular de este era que ocho de las plazas se reservaban para profesores en el paro con el propósito de que pusieran en marcha un programa de clases extraescolares de refuerzo.

Más de 600 alumnos de la ciudad se apuntaron a esas lecciones  para aprobar exámenes suspendidos o para mejorar nota. O les apuntaron sus padres. Tanto da. El caso es que el resultado de aquella experiencia un poco piloto gustó, así que el programa ha tenido continuidad, pero está vez no con ocho, sino con 16 profesores.

Modelo anglosajón

El paso que ha decidido dar ahora la ciudad es cualitativo. En los próximos días, el ayuntamiento prevé reunir alrededor de una mesa a representantes de las universidades y de los centros públicos de enseñanza de Cornellà para fijar con qué criterios se concederán las becas para cursar estudios superiores. El objetivo ideal, explica la teniente de alcalde Emilia Briones, sería que periódicamente se retroalimentara, que esos 140.000 euros del punto de partida no se extinguieran. ¿Cómo? De entrada, con una solución común en el mundo universitario aglosajón, que los estudiantes becados retornen la ayuda cuando accedan al mercado laboral, siempre sin que ello les ahogue económicamente. Esa sería la solución perfecta.

Briones matiza que, no obstante, hay un plan B. Consistiría en que el montante de la beca no se devolviera en dinero, sino en trabajos para la comunidad, por ejemplo echando una mano a los estudiantes de bachillerato en sus estudios.

Con esta segunda alternativa el fondo, más pronto o más tarde, se extinguirá. Igual sucederá con el de los 735.000 euros destinados a alquileres sociales, que solo podrá alimentarse de los 180 euros mensuales que paguen cada unas de las 40 familias beneficiarias de un piso, una cantidad insuficiente. De hecho, el ayuntamiento calcula que el programa de vivienda tiene garantizada de entrada una supervivencia de cinco años. El de las becas, tal vez más, pero es difícil realizar un pronóstico hasta que no se establezcan los criterios de concesión. De momento, el equipo de gobierno tiene claro ya que debe restringirse a estudiantes de centros públicos. Pero más allá de ese criterio, queda por determinar a qué altura hay que situar el listón de lo que se considera un estudiante con un expediente académico brillante. Entonces quedará un último paso: determinar a partir de qué ingresos familiares se concede una beca. La respuesta a esas preguntas se espera en breve.