CiU lleva a Antifrau una insólita fórmula de ahorro de Cornellà

El grupo municipal de CiU en Cornellà solicitó ayer formalmente a la Oficina Antifrau de Catalunya que investigue las remuneraciones económicas que percibe uno de los tres directivos de Procornellà, José Antonio Marín, a la vista de que como mínimo desde el año 2004 esa empresa pública ha contratado trabajos a un gabinete privado del propio Marín por valor de 1,2 millones de euros.

El alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Balmón, confirma que así es, que Marín percibe un sueldo de alto cargo de la administración (más de 90.000 euros al año) y que simultáneamente la empresa pública que dirige le contrata como arquitecto privado. Balmón asegura que, aunque chocante en las formas, ese sistema supone un importante ahorro para las arcas públicas.

Ha sido el concejal convergente Jordi Rosell el que durante meses ha tirado del hilo. Descubrió que entre los años 2004 y 2012, el informe anual del interventor municipal denunció sistemáticamente que la doble vía de ingresos de Marín era contraria a la normativa sobre incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas.

MONTILLA / «En realidad, desconocemos a cuándo se remonta esta práctica, es decir, si en la época en la que José Montilla y José Antonio Morlanes estaban al frente del ayuntamiento y de esa empresa pública, respectivamente,  también se producían esos pagos», lamenta Rosell. Asegura que no ha encontrado colaboración en el equipo de gobierno.

Balmón insiste en la bondad de la fórmula. Explica que el origen de esa inusual solución radica en que cuando Procornellà tiene que impulsar una promoción de viviendas de protección oficial en la ciudad, inevitablemente tiene que contratar a un equipo de arquitectos externos para visar el proyecto. Marín, explica el alcalde, tiene un contrato con la administración en el que ya se especifica que esos trabajos se le remunerarán al margen de su nómina como cargo de la administración.

Esos trabajos externos -según Balmón- los ejecuta la empresa privada de Marín por un 20% del precio de mercado. «El ahorro para los ciudadanos es del 80%», insiste el dirigente socialista. Si se acepta esta tesis como correcta, entre el 2004 y el 2012, por su una simple regla de tres, se deduce que el Ayuntamiento de Cornellà se ha ahorrado seis millones de euros.

Las advertencias del interventor municipal, sin embargo, han sido siempre muy claras al respecto. En la última, de hecho, sugería incluso una solución para poner fin a esa vulneración reiterada de la ley, que consistiría en integrar esos pagos a su nómina pública. Ese remedio, sin embargo, puede que llegue tarde.

Con la crisis económica, Procornellà ha dejado de construir promociones inmobiliarias de protección oficial. De hecho, parte de ese parque de viviendas ya existente en la ciudad ha tenido que ser redirigido al mercado del alquiler por la imposibilidad de colocarlo en el de venta. Según la información recabada por CiU, el año 2010 fue el ejercicio en el que Procornellà contrató más proyectos a la empresa de Marín (265.733 euros). En el 2012 ya solo fueron 49.652 euros.