La crisis con la Guardia Urbana y el conflicto de Gràcia arruinan la 'semana grande' de Colau

Contenedores tumbados y coches de la policía, anoche, en Gràcia.

Contenedores tumbados y coches de la policía, anoche, en Gràcia.

GUILLEM SÀNCHEZ / TONI SUST / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Preparar la boda y que cuando por fin llegue el día llueva a cántaros es un engorro considerable. No es exactamente lo que le ha pasado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero guarda cierto parecido. Porque esta era una semana de cierto punto de inflexión para ella. Celebraba su primer año en el cargo y por fin tocaba firmar el pacto de coalición con el PSC para compartir penas y gestión en el consistorio. Y todo ello tras la aprobación de la modificación de crédito, que tanto costó sacar adelante –dos plenos y una agónica negociación con la CUP mediante- y que marcará presupuestariamente el resto del 2016. Era una semana para el optimismo en Barcelona en Comú.

Pero entre los requerimientos del teniente de alcalde Jaume AsensJaume Asens a la abogada de un guardia urbano agredido por un mantero para que no pidiera cárcel para el agresor y las protestas desatadas por el desalojo del llamado 'banco expropiado' en Gràcia, la boda se ha enrarecido sobremanera. La semana empezó torcida: la alcaldesa presentaba el nuevo plan director de la Guardia Urbana poco después del desalojo de Gràcia. Inevitablemente, ello retrotrae también al conflicto por la unidad antidisturbios de la policía municipal: la CUP pidió su disolución, la cúpula policial lo rechazaba, la oposición cargó contra la alcaldesa por intentar contentar a todos y el consistorio se limitó a cambiar el nombre de la unidad y descartar que los agentes participen en labores antidisturbio, apelando a que es una función que corresponde a los Mossos.

Colau se enfrenta a su propio Can Vies, pese a las diferencias entre ambos casos: ella recalca que el local de Gràcia es privado, no municipal. Es acusada por la oposición de falta de firmeza, cuando no de connivencia con los ocupas. Una imagen que intenta eludir: este miércoles ha propuesto diálogo y una sede alternativa para los desalojados, al tiempo que ha reclamado que acaben “los destrozos” en Gràcia tras dos noches de violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes.

CUANDO TODO MEJORABA

La relación entre el ayuntamiento y la Guardia Urbana había mejorado durante la última semana. Tras la agresión del mantero a un agente del cuerpo, Colau compareció públicamente al día siguiente para condenar los hechos y asegurar que el consistorio se presentaría como acusación particular contra el vendedor ambulante. La decisión agradó a los policías, que por fin veían acompañadas de hechos las buenas palabras que continuamente les dedica la alcaldesa. Sentían que el ayuntamiento se mostraba de su lado en el largo conflicto que mantiene con los manteros, un tema delicado que desgasta a los agentes porque ellos están obligados a perseguirlos mientras notan que las actuaciones contra los vendedores les reportan un fuerte rechazo social.

Pero el hechizo se rompió con las llamadas de Asens a la abogada de la Urbana. La decisión de la alcaldesa de no actuar contra Asens, desoyendo la petición pública del intendente mayor de la Guardia Urbana, Evelio VázquezEvelio Vázquez, ha avivado más la desconfianza y el malestar de los agentes.

EL CASO GARGANTÉ

Según fuentes internas del cuerpo, Vázquez, como máximo responsable operativo, ha hecho más que nadie para disolver la inquietud que la llegada de un equipo municipal como el de Barcelona en Comú -con un abogado como Asens a bordo- suscitó en el seno de esta policía. No le ha resultado fácil y menos a raíz del caso de Josep Garganté, concejal de la CUP sorprendido en una grabación coaccionado a un médico para que cambiara un informe y acusara a los guardias de las lesiones sufridas por un mantero que huía de la policía. La ausencia de una condena sin tapujos por parte del consistorio contra del edil de la CUP, que con su actitud hubiera podido forzar la expulsión y condena judicial de alguno de los agentes, motivó el primer desdén público de la cúpula policial a Colau, a través de un comunicado.

Pero Vázquez dribló la indignación desencadenada por el asunto Garganté y siguió con lo suyo, serenando los ánimos en su cuerpo y defendiendo al nuevo ayuntamiento, hasta que se enteró de la jugada de Asens, que interpretó como un golpe bajo que no fue capaz de digerir. Por eso, meditó presentar su dimisión durante el fin de semana y por eso, en rueda de prensa y  sentado junto a Colau, dijo que “nuevamente” los agentes se sentían “en una posición de indefensión” por parte sus líderes políticos.

SIN CONCEJALÍA DE SEGURIDAD

Fuentes del ayuntamiento insisten en que se persigue retomar los puentes con la Urbana, pero se apresuran a desdramatizar  el episodio del teniente de alcalde y confían en que más temprano que tarde se recuperará la sintonía entre los policías y los vencedores de las últimas municipales. Con esta crisis sobre la mesa, ha empezado a hervir también el barrio de Gràcia tras el desalojo del llamado 'banco expropiado'. La ola de violencia urbana abre un tercer frente que añade presión a la cabina de mando de la alcaldía. Por lo pronto, Colau ha rechazado este miércoles la petición de CiU y el PP de que nombre un concejal de Seguridad, ha defendido la gestión del comisionado, Amadeu Recasens, y ha recalcado que ella seguirá siendo la máxima responsable del área.