Càritas se une al rechazo ciudadano a los desahucios

En menos de un año de campaña -inició su fructífera andadura en noviembre del año pasado-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha logrado detener 72 desahucios fruto de ejecuciones inmobiliarias en toda España, 30 de ellos en el área metropolitana, región donde nació el movimiento que se ha extendido como una balsa de aceite por toda España y lugar donde se concentran un mayor número de familias en riesgo de perder sus viviendas por impagos a los bancos. Y la extensión del movimiento al resto de España no es la única novedad. También han surgido en la propia capital catalana otros grupos de presión que luchan por evitar que las familias pierdan sus hogares. Es el caso de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que antes del verano puso en marcha, en estrecha colaboración con la PAH, un servicio de mediación de la vivienda, y Càritas, que acaba de fichar a la exsecretaria de Habitatge, de la Generalitat, Carme Trilla para impulsar una iniciativa muy similar.

El objetivo de todas estas asociaciones, plataformas y entidades -a las que hay que sumar varias asambleas de barrio nacidas del 15-M y grupos como 500x20- es luchar por una moratoria de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios previstos, y por el derecho a la dación en pago (que entregar la vivienda enjuague la deuda) como paso previo a la creación de un parque público de alquiler con los fondos inmobiliarios existentes.

SITUACIÓN EXTREMA / El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà, cuenta los motivos que han llevado a esta entidad de la Iglesia a impulsar un servicio para evitar la pérdida de viviendas por parte de las familias. Se trata de una cuestión de números. «Nos dimos cuenta de que, en los últimos meses, ya años, desde el 2009, dos terceras partes de las ayudas económicas que ofrecíamos eran para la vivienda», apunta Roglà. Eso hizo reflexionar a la entidad, que al observar un cambio sustancial en las demandas de los más necesitados apostó por impulsar el servicio de mediación. «La intención es actuar en casos de familias con riesgo de impago antes de que este sea efectivo», explica Roglà. Con ese objetivo, harán tareas de intermediación con propietarios y entidades acreedoras, para arbitrar soluciones «justas» que eviten los de-

sahucios.

Casi idénticas tareas son las que la PAH lleva un año haciendo. «Lo más vistoso son las acciones en las viviendas el día del desalojo, pero antes de llegar ahí hemos hecho un largo trabajo de mediación tanto con los servicios sociales como con los bancos y los juzgados para evitar llegar ahí», puntualiza Ada Colau, portavoz de la PAH, quien apunta que sobre una tercera parte de los 30 desahucios parados en el área metropolitana por el colectivo lo han sido por la vía administrativa.

Los planteamientos del movimiento van más allá de las acciones concretas ante la inminente pérdida de su hogar por parte de una familia al no poder hacer frente al pago de las letras de la hipoteca por circunstancias obviamente ajenas a su voluntad, principalmente por la falta de recursos económicos a causa de la omnipresente crisis económica. La intención de cada vez más voces -una de las principales reivindicaciones del 15-M- es promover un cambio legislativo que evite la actual situación de los «proscritos financieros». «Además de perder sus casas, con la normativa actual los desahuciados arrastran una deuda de por vida que les condena, entre otras cosas, a la economía sumergida para siempre», destaca Colau, quien acaba con un apunte positivo: el Congreso finalmente ha aceptado, tras meses de retraso, aceptar a trámite la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social.