INICIATIVA POPULAR EN DEFENSA DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES
Campaña ciudadana en pro de los derechos de las prostitutas
«Soy una mujer. Soy una ciudadana. No soy una criminal». «Quiero protección, sin multas. Basta de acoso policial». «Tengo derecho a estar en la calle, no me discrimines». Estas afirmaciones y otras muy similares -«el amor y la violencia no son lo mismo; zona libre de chulos»-, todas seguidas de un «ejerzo la prostitución, respeta mis derechos; no más violencias» han aparecido en los últimos días estampadas en las paredes del Raval, en vistosos carteles que copan la zona donde se concentra el sexo de pago callejero en el barrio, en los alrededores de la flamante Filmoteca.
Este espejismo de revolución de las prostitutas que ofrecen sus servicios en la vía pública -ninguno de los carteles aparece firmado- coincide en el tiempo y en el espacio con una campaña impulsada por las principales asociaciones que trabajan con el colectivo -SICAR, Genera, El Lloc de la Dona-Germanes Oblates y Àmbit Dona- contra el endurecimiento de la ordenanza cívica propuesto por el PP, con el apoyo de CiU, para erradicar el sexo mercenario de la vía pública y en defensa de los derechos de las prostitutas. En pocos días han reunido 35 adhesiones de entidades como Metges del Món Catalunya, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB y Dones Juristes.
PRÓXIMA ACCIÓN EN LA CALLE / «En seis años ha quedado demostrado que la ordenanza es un instrumento inadecuado para abordar realidades complejas como la prostitución. No solo no la ha erradicado, sino que ha empeorado las condiciones tanto de las profesionales como de los vecinos», asegura Clarisa Velocci, portavoz de Genera, quien añade que, al margen de seguir recogiendo adhesiones entre entidades de distintos ámbitos
- «muchas de ellas del barrio, formadas por vecinos», subraya- preparan una manifestación en las próximas semanas para mostrar en la calle sus denuncias y demandas.
Una vez cierren el proceso de adhesiones, las entregarán a la síndica, a la concejala de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila, y al propio alcalde. «Consideramos que el endurecimiento de la ordenanza es una medida adoptada en pleno conocimiento de las graves consecuencias que comporta y de su comprobada ineficacia», prosigue Velocci, quien insta al ayuntamiento a revisar en profundidad sus argumentos, entendiendo que conllevan «una vulneración de derechos de todas las mujeres que ejercen la prostitución». Exigen, en resumen, «evitar abordar la realidad de la prostitución con el desarrollo de políticas de persecución policial y destinar los limitados recursos públicos a otros fines».
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