El bromuro municipal

En Catalunya hay debates eternos. Uno es la obsesión por sacar a las prostitutas de las calles y las carreteras. La misma que empujó al conseller Felip Puig en el 2012 a realizar una reforma legal que permite multar con argumentos de seguridad vial a las mujeres que ofrecen servicios sexuales en las carreteras y a sus clientes. Y la misma que a principios de siglo llevó al entonces titular del área, Xavier Pomés, a hacer que el Govern de CiU aprobara una norma sobre tan espinoso asunto. A partir de un informe en que se aconsejaba que para sacarlas de las calles había que facilitar que trabajaran en establecimientos acondicionados, el Govern aprobó el decreto 217/2002 por el que se regulaban «los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución».

Según la norma, las mujeres que ahí ofrecen servicios sexuales deben hacerlo «de manera libre e independiente». Además, los reservados donde se lleva a cabo el acto sexual han de tener «como mínimo una habitación, baño, ducha, bidé, ventilación...». El acceso a los locales debe ser siempre desde la calle pero a esos reservados solo se puede entrar desde el interior, que tampoco puede estar cerca de centro docentes o donde puedan acudir menores. A esa normativa, que se amplió en el 2010, es a la que se acogen aquellos que pretenden poner en funcionamiento un macroprostíbulo. El decreto establece que son los ayuntamientos los que dan la licencia de actividad y los que pueden fijar condiciones añadidas sobre su ubicación.

Y es ahí donde suele producirse el freno pues muchos municipios, conscientes del rechazo que los prostíbulos generan entre los vecinos, establecen regulaciones municipales estrictas para hacer casi imposibles esos establecimientos. «Muchos ayuntamientos lo hacen, sí, pero si se cumple la normativa, nadie puede impedir que alguien ponga en marcha un prostíbulo, ya sea macro o micro», dice Lluís Frigola, abogado del empresario al que la justicia acabó autorizando un macroprostíbulo en la Jonquera pese a la negativa del consistorio.

Incluso el Ayuntamiento de Castelldefels modificó su normativa

-tenía una ordenanza hecha a medida del Saratoga y el Riviera- para que este tipo de locales no puedan  abrir. «La licencia les ha caducado. La norma anterior se ha retirado. El municipio agotará todos los mecanismos legales para impedir la puesta en marcha», explican fuentes del ayuntamiento.

Hueco legal

Sin embargo, como ahora le ocurre a Badalona, otros muchos municipios carecen de normativa específica para impedir este tipo de locales y solo las intentan elaborar cuando reciben la petición de apertura de un macroprostíbulo. Sin normativa contra los macroburdeles están por ejemplo Barcelona y L'Hospitalet. Fuentes del consistorio de la capital catalana señalan que «la regulación municipal ni siquiera contempla la existencia de una actividad así. Lo único que se regula es un bar musical o una sala con espectáculo erótico con reservado». ¿Deja eso un vacío legal que puede usarse para abrir un negocio así? Desde el ayuntamiento barcelonés se descarta: «Un local así nunca sería autorizado».

Sea como fuere, desde la clausura por orden judicial en marzo del 2009 de los clubs Saratoga y Riviera en Castelldefels, Barcelona y su entorno geográfico quedaron sin ningún gran prostíbulo. «Esta es una ciudad donde trabajan muchas prostitutas, donde la prostitución es un negocio muy boyante pero sin ningún gran burdel», dice un investigador policial.

Actualmente, la prostitución se desarrolla en Barcelona y el área metropolitana sobre todo en la calle y en pisos, que actúan sin licencia. «Incluso los clubs de alterne ya casi nunca tienen reservados. Normalmente, cuando un cliente elige a una de las chicas suelen marcharse a un piso cercano vinculado al local», explica este policía, que pone como ejemplo el caso del dueño de un club que alquiló los pisos situados sobre su establecimiento. «Hizo un agujero en el techo y los comunicó con una escalera».