Ordenación de un sector económico en auge

BCN planea agrupar los pisos turísticos en bloques enteros

Un turista en el Born, al lado de una empresa de alquiler de apartamentos.

Un turista en el Born, al lado de una empresa de alquiler de apartamentos.

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

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Si el nuevo plan del Ayuntamiento de Barcelona sigue adelante, a partir del próximo año comenzará el forzoso trasiego de buena parte de las 30.000 camas que albergan los 7.854 pisos de uso turístico legales de Barcelona. A la moratoria aprobada ayer en comisión de gobierno que prohíbe durante un año la apertura de nuevos alojamiento de este tipo en las zonas más céntricas y visitadas de la metrópolis, se sumó el anuncio de una normativa que en seis meses ordenará el crecimiento del sector, su «profesionalización» y primará la unificación de la oferta en edificios enteros destinados a este uso. La medida implicaría un cambio en la naturaleza de esta actividad, que pasaría de estar en manos de muchos particulares a depender básicamente de grandes inversores que puedan gestionar la adquisición de fincas enteras y el traspaso de licencias, según el modelo que ya se impuso en Ciutat Vella.

Los concejales de Economía y de Hábitat Urbano, Sònia Recasens y Antoni Vives, explicaron ayer el plan de ordenación para un sector que ha crecido como la espuma en los últimos cinco años, avivado por el éxito turístico de la ciudad y la facilidad para lograr la pertinente licencia, por solo 220 euros. Vives insistió en que es necesario hacer la «foto fija de la situación» y «cortar el grifo», antes de proceder a elaborar un plan especial urbanístico que estará listo en medio año. En ese contexto, el primer reto es asumir las competencias en Barcelona para ir más allá de las reglas del juego que dibuja la Generalitat sobre la obtención de licencias en toda Catalunya. En la capital catalana son necesarios instrumentos específicos en lo normativo y administrativo, opinan.

Aunque Recasens aseguró que el plan se irá perfilando tras analizar criterios como la densidad de la oferta y características urbanísticas de cada zona, Vives reiteró que «el objetivo es agrupar los pisos en bloques verticales». Esta medida no solo afectaría a nuevas licencias en el futuro, sino también a las ya concedidas. El concejal no quiso avanzar si  la prohibición será definitiva en las zonas más saturadas, aunque se presume que el Eixample cerrará el grifo en muchos de los barrios, tras copar la mitad (3.721 hasta marzo) de los apartamentos de toda la ciudad. También queda claro que las nuevas condiciones de obtención de permisos serán más complejas, velarán por «la calidad» y primarán la gestión profesional, indicaron. El consistorio calcula que sobre el 70% de la oferta está ahora dispersa en fincas vecinales, mientras que el 30% está en edificios completos gestionados por grandes operadores.

400 QUEJAS / El argumento esencial del ayuntamiento es evitar los conflictos de convivencia en un sector que ya es clave para la economía local, enfatizó Recasens. No obstante, la prueba piloto de denuncias rápidas y mediación implantada hace unos meses en el Eixample arroja una media de dos quejas por semana, indicaron. En el conjunto de la ciudad ha habido 400 (la mitad en Ciutat Vella) en un año y medio. Con el nuevo plan, se prevé que todas las anomalías se atiendan desde un centro de recepción de llamadas (allí se derivarán desde el 010 y 092), donde se pondrán en contacto con el responsable del apartamento. De no estar localizable las 24 horas o no solucionar el problema inmediatamente, se le podrá suspender la habilitación del uso turístico.

En paralelo, se implantará un código de buenas maneras y se endurecerá el régimen sancionador. Un panorama que ayer recibió tantas alabanzas como críticas. Jordi Clos, presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona celebró el fin de la «anarquía» al considerar que es imposible que convivan vecinos y turistas, y que se alimente la actividad económica no declarada. También lo aplaudieron vecinos como la Associació per a un Eixample Sostenible, donde se han registrado casos muy conflictivos. En cambio, la patronal de Barcelona, Apartur, lamentó que se penalice a todo el sector en lugar de «a los que lo hacen mal» y opinó que el cambio «pervertirá el sistema» de turismo integrador y dejará el pastel en manos de grandes inversores con capital extranjero.