El Ayuntamiento de Barcelona quiere liderar la lucha contra la prostitución en el espacio público con la modificación de su ordenanza de civismo. La nueva norma pretende erradicar este ejercicio y servir de ejemplo para otros municipios de Catalunya, así como para el Govern. El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Joaquim Forn, ha asegurado este martes que el cambio de regulación municipal permitirá abordar el problema a corto plazo, pero que para abolirlo será necesario una ley de alcance catalán.

Una prostituta de la calle de Robador, en Ciutat Vella, espera la llegada de clientes. CESC GIRALT

Por ello, en su intervención en la Escuela de Verano del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha instado al Ejecutivo catalán a impulsar la ley de espacio público, que debe "sacar la prostitución de las calles, plazas y carreteras". Forn ha abogado por una ley que dote a los ayuntamientos de instrumentos para actuar contra la prostitución desde la lucha contra la explotación, a través de la reinserción de las meretrices y la sanción "contundente" a los clientes, como prevé la modificación de la ordenanza del civismo de Barcelona que se somete a aprobación este mes.

Acabar con esta "lacra"

"Hay que acabar con esta lacra que afecta a los más vulnerables", ha afirmado Forn, quien ha descartado que la legalización de prostitución sea la vía para abordar uno de los principales problemas de civismo de Barcelona y de muchas otras ciudades catalanas. De hecho, ocho de cada diez barceloneses aprueban que se prohíba ejercer la prostitución en las calles de la capital catalana, según el barómetro semestral de junio presentado este lunes. El estudio refleja que el 74,4% de los barceloneses está de acuerdo con imponer sanciones directas por practicar sexo en la calle; además, el 69,5% ve bien multar a los clientes. En cambio, solo un 32,6% considera correcto sancionar a las meretrices.