DESAFORTUNADO FALLO MUNICIPAL

Barcelona asusta a dos jubilados con la acusación errónea de tener un piso turístico ilegal

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CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / BARCELONA

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Les delatan las fotos de la boda, la orla del colegio de su hijo, las botellitas de colonia en el baño, los peluches, las figuritas de cristal, los armarios llenos de ropa, el cajón repleto de medicamentos, la decoración más bien añeja. También el perro, Pipo, de cinco años, pequeño pero matón. Y la silla de ruedas, cómo no. El hogar de Domingo y Cati es, sin lugar a dudas, un piso turístico. Esa es la conclusión a la que llegó en julio el Ayuntamiento de Barcelona gracias a una inspección basada en la navegación por la web de un conocido portal de alojamiento por días. Nada de llamar a la puerta de los interesados, porque de haberlo hecho se habrían dado cuenta de que la vivienda de esta pareja de casi 70 años es tan normal como cualquier otra que no haya albergado a un forastero en su vida, con el añadido de que, con la notificación municipal que recibieron hace algunas semanas, con el aviso de “precinto subsidiario” o la amenaza de multa de hasta 10.000 euros, se han llevado un susto de muerte. Y suficiente tienen con lo suyo. El consistorio se defiende: "Ha sido un error informático". 

Cati tiene 68 años y padece párkinson desde los 45. Había trabajado como administrativa hasta que esta patología neurológica empezó a ser más fuerte que ella. Domingo ha cumplido 69 y se prejubiló hace ya tiempo de la empresa de papelería en la que pasó más de 30 años para poder cuidar de su esposa, cuya enfermedad se encuentra en una fase muy avanzada, lo que le obliga a moverse en silla de ruedas y a convivir con una bomba que le suministra el medicamento durante el día. “Estás en casa, tranquilamente, y lo último que esperas es recibir una carta como esta, en la que te dicen que eres un delincuente. Además te amenazan con cerrarte el piso, con multas. Llevamos unas semanas de mucha angustia. Cati se ha puesto peor”.

TRES MAÑANAS PERDIDAS

Es evidente que esto, administrativamente, acabará en nada, en un susto. El matrimonio tiene la suerte de tener un hijo como Xavier, que ha visitado tres veces las dependencias municipales para intentar resolver el desaguisado. “¿Y si esto le llega a pasar a una pareja de ancianos sin hijos y sin capacidad de reaccionar?", reflexiona Domingo. 

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El pasado jueves, y después de que este diario preguntara al consistorio sobre el asunto, el hijo recibió una llamada. Al aparato, el ayuntamiento. Se disculparon y le dijeron que todo había sido un fallo, que no tenían de qué preocuparse. Un portavoz municipal asegura que todo se debió a un "error informático subsanado de la manera más urgente posible". Resulta, dice la misma voz, que los técnicos desplazados a visualizar el lugar, donde, asegura, hablaron con vecinos -no con los afectados, que pasan la mayor parte del día en casa-, registraron mal la dirección, ya que en otra planta sí parece que hay una vivienda de uso turístico. Domingo lo niega: "Hay dos en el edificio de al lado, no aquí".

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Este diario ha tenido acceso a todo el expediente del caso, a toda la documentación, y en ningún lugar aparece dicha visita al inmueble. Es más, la razón que se esgrime es el hallazgo del piso en una web de alquiler por días. Pero sobre ese hipotético desplazamiento a la finca, en ningún caso al piso, de los afectados, nada de nada. Ni una mención a pesar de que no es un detalle baladí. "Una vez examinado el anuncio se comprueba que se puede realizar la reserva de la vivienda entera por un periodo inferior a 31 días", reza el expediente, que incluye pantallazos de un piso que no es el de Domingo y Cati, extraídos de la página web de Airbnb.

MIEDO EN EL CUERPO

En cualquier caso, el consistorio señala que está procediendo a estimar las alegaciones y a archivar el expediente, y añade que en el trabajo de los visualizadores "existe un margen de error". "La experiencia en la detección de este tipo de actividades nos demuestra la eficiencia de la visualización previa", sostiene el portavoz municipal.

A pesar de que el asunto apuntaba desde el primer momento a una mala gestión burocrática, y que terminará en nada, hay algo que les mantiene intranquilos. La desconfianza que da la edad. La vulnerabilidad de sentirse apabullados por algo que no controlan. Y por las cartas que han recibido, que dan por sentado que han convertido su vivienda en un negocio ilegal. “Te dicen un montón de cosas por escrito que no entiendes y además te ponen en negro más fuerte, para que te quede claro, que te pueden precintar tu propia casa y ponerte una multa que no podrás pagar”.

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Por eso Domingo reclama al ayuntamiento una disculpa personal. “Quiero que alguien venga a casa y que hable con Cati. Si yo le digo que ya se ha terminado, no se lo creerá. Tiene que venir una persona del ayuntamiento para que se lo crea de verdad. Lo está llevando fatal…”. 

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30 AÑOS EN LA FINCA

El marido se queja de los funcionarios que, en su opinión, “solo aprietan una tecla”, de las veces que su hijo ha tenido que dejar el trabajo -“me da miedo que le acaben echando”- para atender este desgraciado episodio. También Domingo, hace un par de semanas, tuvo que dejar sola a Cati durante una hora. Tuvo que ir a comisaría “a buscar una hoja de reclamación”.

Domingo y Cati se casaron hace 37 años. Compraron este piso, de nueva construcción, por un millón de pesetas, hace algo más de 30 años. No le deben nada a nadie. Por eso, además de miedo, han sentido rabia, porque nadie les ha regalado nunca nada. Domingo llegó desde Teruel con 15 años, solo, para buscarse la vida. “Ahora, con 69 años, que me vengan con esto me parece una tomadura de pelo". La familia de su mujer es originaria de la Barceloneta, que ya tiene guasa la cosa, porque el barrio marinero quizás concentra el mayor porcentaje de pisos turístico ilegales. Ahí sí hay trabajo por hacer.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"1.500 pisos sin licencia, pendientes de cierre","text":"El ayuntamiento puso en marcha el pasado verano un plan de choque para combatir los pisos tur\u00edsticos en Barcelona. El pasado 19 de septiembre, el consistorio informaba de que la ciudad tiene pendientes de cierre 1.500 viviendas ilegales. Solo entre julio y agosto se sumaron 615 peticiones de cese, a las que hay que sumar las 866 cursadas con anterioridad. En este mismo periodo, el ayuntamiento detect\u00f3 32 hostales y pensiones sin licencia y dos residencias que ejercen como hotel. De los 615 casos cazados este verano, 124 est\u00e1n Ciutat Vella, 197 en el Eixample y 73 en Sant Mart\u00ed. Un goteo por toda la ciudad pero ninguna en Nou Barris. Se ha\u00a0encargado de ello el equipo de visualizadores contratados a trav\u00e9s de formaci\u00f3n ocupacional, que han localizado 1.222 casos por internet, realizado 1.045 visualizaciones e identificado, de momento, 766 ilegales. De todas las peticiones de cese, sin embargo, hace un mes solo se hab\u00edan hecho efectivas 71. La burocracia es lenta y desde la detecci\u00f3n al precinto pueden pasar de seis meses a un a\u00f1o, am\u00e9n de la posterior comprobaci\u00f3n. Otra v\u00eda abierta por el consistorio es contra las webs que publicitan ofertas ilegales. Ya se las ha impuesto sanciones de 30.000 euros. Si no corrigen el error, podr\u00edan caerles multas de hasta 600.000 euros.\u00a0"}}