El pleno municipal ha aprobado hoy miércoles la prohibición de la prostitución callejera en la capital catalana, con los votos a favor de CiU y PP, y el contra del resto de grupos. 

Redada policial contra la prostitución, en el Raval, el pasado 30 de marzo. FERRAN NADEU

Los cambios primordiales en la ordenanza del civismo aprobados hoy miércoles son la eliminación del aviso previo de la Guardia Urbana y que las sanciones serán mayores para los clientes que para las prostitutas, quienes podrán conmutar la multa si participan en un curso de inserción.

Las multas

En concreto, para las prostitutas, la sanción será de 100 a 300 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales en la calle, y de 300,01 a 750 si se hace a menos de 200 metros de una escuela; para los clientes que pidan o negocien, y cualquier conducta que promueva la prostitución callejera, la multa será de 1.000 a 1.200 euros, y de 1.200,01 a 1.500 si a menos de 200 metros de una escuela. Como novedad figura la aceptación de la alegación de CiU para incorporar la expresión «clientes potenciales» en el redactado, y asegurar así que la policía pueda actuar contra alguien que busque servicios sexuales.

La concejala socialista Assumpta Escarp, responsable de Seguridad en el anterior gobierno, ha argumentado su negativa diciendo que "Barcelona es hoy más hipócrita"  y que la situación de las prostitutas es ahora de mayor marginalidad y exclusión, ideas a las que también se han referido la concejala de ICV, Elsa Blasco y el del UpB, Jordi Portabella.

La concejala nacionalistas Francina Vila, por su parte, ha defendido que la medida ayuda a mejorar la convivencia y mejora también la seguridad jurídica de la policía local a la hora de multar.