Barcelona y la Zona Franca acuerdan las permutas para reordenar el sistema penitenciario

El ayuntamiento se dotará de dos parcelas que se cederán a la Generalitat para que construya dos nuevas cárceles

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, han firmado este viernes un compromiso de permutas de terrenos y de cambios de usos que permitirá avanzar en el reordenamiento del sistema penitenciario de Barcelona.

Así, el ayuntamiento se dotará de dos parcelas que se cederán a la Generalitat para que construya dos nuevos centros penitenciarios, lo que supone un paso necesario para poder recuperar los espacios que ocupan ahora las cárceles Modelo y de Trinitat Vella por el desarrollo de nuevos equipamientos municipales y el aumento del parque de viviendas públicas.

ZONA FRANCA ADUANERA

Además, el acuerdo permitirá restaurar el suelo de zona franca aduanera que se perdió con el primer proyecto de la cárcel Modelo y también recuperar usos industriales en otra zona del polígono.

En concreto, el ayuntamiento dispondrá de forma efectiva de las dos parcelas para usos penitenciarios que se anunciaron recientemente en el marco del acuerdo con la Generalitat en materia de equipamientos penitenciarios. Estos dos solares acogerán dos nuevos centros penitenciarios, uno de régimen abierto y otro de régimen ordinario, cuya construcción estará a cargo de la Generalitat.

El documento firmado este viernes reordena usos y compensaciones urbanísticas en temas que ambas entidades tenían pendientes, y estipula condiciones suspensivas si no se materializan antes del 31 de diciembre de este año una serie de acuerdos compensatorios de tramitación urbanístico-administrativa.

PERMUTAS

Así, el consorcio transmitirá vía permuta al ayuntamiento su dominio sobre dos parcelas del polígono. Una de 20.000 metros cuadrados situada en la calle E número 34-36, que acogerá el centro de régimen ordinario, y otra de 6.500 m2 en la calle A número 109 donde se implantará un centro de régimen abierto.

Paralelamente, se devolverá el uso industrial a una nave de Zona Franca Aduanera donde estaba previsto anteriormente la construcción de un nuevo centro penitenciario, y se levantará la limitación de usos alimentarios que en 2005 se impuso en la isla industrial entre las calles D, e, 4 y 6 del Polígono.

También se compensará al consorcio con las dos parcelas permutadas al ayuntamiento, principalmente mediante el traspaso de techo de aprovechamiento municipal del sector 14 de La Marina, y reduciendo contraprestaciones pendientes. En el sector 14 de La Marina se tramitarán la reparcelación y las modificaciones urbanísticas para armonizar la edificabilidad. El valor conjunto de las dos parcelas peniteciarias se ha establecido en unos 18 millones de euros.

La entente firmada entre la alcaldesa y y el consorcio también establece medidas para retomar la actividad constructiva en los antiguos cuarteles de Sant Andreu. El ayuntamiento se compromete a realizar la urbanización íntegra del ámbito de los antiguos cuarteles, y el consorcio, a iniciar inmediatamente la construcción del edificio de realojados de los cuarteles.