Barcelona tramita 268 expedientes de pisos vacíos de bancos

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la tramitación de 268 expedientes de pisos vacíos de bancos y ha solicitado a las entidades bancarias, a través de una carta, que pongan los inmuebles en el mercado o los cedan para la bolas de alquiler social, ya que, de no hacerlo, podrían ser sancionados con 315.000 euros, como sucedió el año pasado en cuatro casos.

El consistorio ha informado en un comunicado de que, si bien estos pisos no son muchos en relación al número total de viviendas de la ciudad, su concentración en determinados barrios sí que supone graves problemas de convivencia.

Los barrios más afectados son Nou Barris (23 %), Sant Martí (17 %), Sant Andreu (16 %), Eixampe (14 %) y Sants-Montjuïc (11 %), mientras otras zonas como Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó o Gràcia apenas registran casos.

Ante la "anomalía urbana" que para el ayuntamiento representan las viviendas vacías, el gobierno de Colau creó al inicio de su mandato la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), que dispone ante estos casos de dos mecanismo de actuación, en función de si la vivienda lleva más de dos años vacía o no.

MULTAS COERCITIVAS

En caso de que no sea así, el ayuntamiento aplica multas coercitivas, pero si se superan los dos años se considera una infracción muy grave, que permite otras sanciones después de que la administración haya adoptado las medidas pertinentes.

Aunque las primeras acciones sancionadoras se están dirigiendo a personas jurídicas, concretamente a bancos, el gobierno municipal valorará la posibilidad de ampliar las actuaciones de detección a otros grandes propietarios.

El ayuntamiento también ha multiplicado por cinco las inspecciones de viviendas durante el 2016 y prevé que el crecimiento sea aún más elevado durante este año, lo que le ha servido no solo para detectar pisos vacíos, sino también para localizar infraviviendas o viviendas sobreocupadas.

Aparte de las cuatro sanciones de 315.000 euros cada una por mantener viviendas vacías, el consistorio logró en el 2016 que 16 pisos propiedad de entidades financieras fuesen cedidos al iniciarse el procedimiento disciplinario.

El ayuntamiento también ha hecho público el número de familias que atendió en el 2016: 1.574, un 54 % más que en 2015, cuando se atendieron 1.020, y también muy superior a las 679 familias del 2014.

CERCA DE 3.000 DESAHUCIOS

Sin embargo, estas cifras contrastan con las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estima que en la ciudad de Barcelona se produjeron 2.854 lanzamientos el año pasado.

El consistorio ha explicado que esta diferencia se debe a que el ayuntamiento solo puede actuar en los casos que le llegan, ya sea a través de entidades sociales, de los mismos afectados, de los servicios sociales o de los propios jueces.

El gobierno de Colau está trabajando, junto al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Departamento de Justicía, en la actualización de los protocolos del 2013 que permitirían que los ayuntamientos pudieran disponer de los datos sobre los procesos de desahucio cuando se inician, para poder intervenir antes y mejor.

Los datos recopilados por el consistorio revelan que la mayoría de los afectados son inquilinos y que las familias afectadas con menores a cargo se han multiplicado por tres entre el 2014 y el 2016.