Barcelona se suma a la petición de Territori para el traspaso total de Rodalies

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hicieron piña ayer a la hora de reclamar el traspaso íntegro de Rodalies. La administración catalana es responsable en la actualidad de la gestión del servicio, pero la titularidad de la infraestructura (vías y estaciones) corresponde a Adif, mientras que los trenes pertenecen a Renfe, que es la actual operadora. Para demostrar las ventajas del traspaso íntegro del servicio, la Generalitat esgrime la eficacia de los Ferrocarrils (FGC), que se ajusta a este modelo y que tiene una puntualidad acreditada del 99%, frente al 94% de Rodalies y el 58% de los regionales.

El 'conseller' de Territori, Josep Rull, y la cuarta teniente de alcalde del consistorio barcelonés, Janet Sanz, comparecieron juntos tras la reunión que celebró el órgano mixto de coordinación entre la Generalitat y Renfe (que Rull valoró muy positivamente) para demostrar “la unidad de acción” que ambas administraciones comparten sobre Rodalies. El 'conseller' recordó que Renfe se comprometió en el 2013 a llegar a una puntualidad del 97% en Rodalies en el 2015, mientras que en los regionales tenía que ser del 90%. Unos datos que quedan muy lejos de los objetivos marcados y que Rull considera “inaceptables”.

EL DEBATE DE LAS INVERSIONES

El responsable de Territori también sacó a relucir, tras la reunión con Renfe, los incumplimientos de Adif y del Ministerio de Fomento a la hora de llevar a cabo las inversiones previstas en Catalunya. En este sentido, reiteró que de los 306 millones prometidos en el 2013 para actuaciones prioritarias en la red de Rodalies, en la actualidad solo se ha ejecutado el 2% (una cifra que su antecesor, Santi Vila, había situado en el 20% hace tan solo unos meses). “El 56% (de la inversión prometida) está en proyecto o ni tan solo se ha comenzado”, insistió.

Otra de las líneas de actuación acordadas con Renfe en la reunión, y que es decisiva para elevar los índices de puntualidad, es poner coto a los límites temporales de velocidad que Adif impone actualmente en la red de forma temporal (por una reparación pendiente de la vía o por otras cuestiones de seguridad) pero que finalmente acaban convirtiéndose en permanentes y lastran la calidad del servicio.

Territori, el ayuntamiento y la propia Renfe quieren obligar a Adif a que no lleve a cabo ninguna de estas modificaciones del servicio sin que la Generalitat lo autorice. “Seremos absolutamente intransigentes porque nuestra principal obligación es proteger a los ciudadanos”, advirtió Rull.