Barcelona recurrirá la anulación del concurso eléctrico

Un tímido 'mea culpa' y la reafirmación de que la pobreza energética marque el concurso municipal sobre el contrato del suministro de electricidad en Barcelona. El gobierno de Ada Colau asume "con perplejidad" la anulación de la licitación dictada por el Tribunal Catalán de Contratos (que ya la suspendió cautelarmente hace un mes), pero no abandona su voluntad de introducir criterios ambientales y sociales en el pliego de condiciones futuras.

Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía, ha sido el encargado de responder este viernes a la decisión de este organismo independiente adscrito a la Generalitat. "Desgraciadamente tenemos leyes que han defendido otros intereses y monopolios", ha explicado, antes de anunciar que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra el dictamen, que considera poco concretas las clausulas basadas en el cumplimiento de la ley catalana de pobreza energética. También ha compartido su preocupación ante las "multinacionales con balances multimillonarios", a las que no piensa excluir de las convocatorias públicas -no sería legal- pero a las que sí insta a "dejar de hacer esfuerzos por formar parte del problema para que sean parte de la solución".

CONTRATO PUENTE

El concejal ha asegurado que el servicio de luz no corre peligro alguno (el contrato en vigor vence a finales de mes) y ha avanzado que, antes de convocar un nuevo concurso, se hará un contrato puente de tres meses prorrogable otros tres. Mientras la maquinaria municipal prepara todo el papeleo, el recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) seguirá su curso, pero en ningún caso se resolverá antes de medio año. Este contrato temporal ya desplegará, según el edil, los principios de la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. "Creemos que es necesario incorporar medidas, No se puede no intentar hacer avances en la legislación". 

Sobre posibles errores por parte del consistorio, Badia solo ha admitido que las bases del concurso no encontraron "la formulación correcta" a la hora de incorporar la pobreza energética en las condiciones para hacerse con los tres lotes en liza por un periodo de dos años y un montante total de 65 millones de euros. "Se trata de un órgano administrativo, y esperamos que un tribunal judicial nos acabe dando la razón".

REUNIÓN CON EL GOVERN

Para conseguir que el concurso mantenga el aroma social y ambiental que busca Barcelona en Comú, el gobierno de Ada Colau se ha reunido este mismo viernes con el 'conseller' de Empresa y Coneixement, Jordi Baiget, para conseguir que la nueva licitación incorpore medidas efectivas contra la pobreza energética sin que un tribunal las tumbe, como sucedió el jueves. "No descansaremos, esta política ha venido para quedarse", ha resumido Badia. Para todo ello, el consistorio asegura disponer del apoyo del tercer sector, del propio Govern y de ayuntamientos como el de Sabadell, Badalona o Castelldefels.

El tribunal ha estimado la demanda presentada por Endesa y Gas Natural, que no se presentaron al concurso y decidieron recurrirlo, aunque reconoce el "loable y encomiable objetivo" del consistorio. En suma, la sentencia alega que las cláusulas contra la pobreza energética y el beneficio social que busca "no se produce en el seno del suministro energético en los locales de administración". Badia considera, más allá de admitir que la formulación pudo ser mejorable, que ha existido "un problema de comprensión de la propuesta".