Barcelona aprueba exigir al Gobierno que regule el mercado inmobiliario de alquiler

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes la proposición de los concejales de Barcelona en Comú que reclama al Gobierno central una regulación del mercado inmobiliario de alquiler, tal y como ya han hecho Alemania y Francia, para combatir así las subidas indiscriminadas y exageradas por parte de los propietarios, o que, en caso contrario, delegue esa capacidad en la propia administración municipal. El PP ha sido el único grupo que ha votado en contra y Ciutadans, que ha causado un cierro murmullo de desconcierto cuando se ha definido como una fuerza de centro-izquierda, se ha abstenido.

La reivindicación aprobada en el pleno propone que se establezcan mecanismos para que los alquileres guarden algún tipo de equilibrio con las rentas medias de los vecinos de cada barrio.

La petición al Gobierno central se ha formalizado en el mismo pleno municipal en el que en el orden del día había precisamente 11 puntos a votación que permitirán la construcción de 747 nuevos pisos sociales en la ciudad, 240 de ellos destinados a alquileres de protección oficial y 507 a viviendas dotacionales. El propósito del equipo de gobierno es conseguir al final del mandato haber concluido o tener en fase final de obras 2.000 nuevos pisos sociales, que se sumarían a los 10.000 ya existentes.

El problema de Barcelona es que, en comparación con otras ciudades europeas, el porcentaje de vivienda social en régimen de alquiler es ridículo, apenas un 2%, con lo cual la incidencia de este parque público como arma para atemperar los precios en el mercado libre es prácticamente nula. De hecho, lo que subraya ese 2% es que las políticas de vivienda pública durante los últimos 30 años no han tenido visión a largo plazo, pues se ha priorizado la protección oficial de venta.