Barcelona obliga a las eléctricas a cumplir los acuerdos de pobreza energética

El Ayuntamiento de Barcelona obligará a las empresas eléctricas que quieran ser sus suministradoras a firmar un convenio de corresponsabilidad en pobreza energética, que le permitirá sancionarlas si incumplen la ley de medidas urgentes en el ámbito de la pobreza energética del Parlament de Catalunya.

El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, que este martes ha presentado las cláusulas de la nueva contratación eléctrica del consistorio, ha destacado que por primera vez el ayuntamiento puede, "con una compra, generar derechos para todos los vecinos".

"Lo más importante es que vinculamos la contratación con la pobreza y el despliegue de las medidas de la ley 24/2015, con la obligación de firmar un convenio que apunte a la corresponsabilidad" de las empresas suministradoras en materia de pobreza energética, ha destacado Badia en su exposición de los cambios en los pliegos de la licitación del acuerdo marco de contratación para el suministro eléctrico.

ACCESO AL BONO SOCIAL

Entre las nuevas obligaciones del contratista destacan, además de la firma del convenio conforme a lo establecido en la ley 24/2015, la presentación de un plan de actuación anual para adaptar la potencia y la tarifa contratada y al mismo tiempo facilitar el acceso al bono social.

También facilitará el acceso a otras tarifas sociales y descuentos existentes dirigidos a personas y familias con riesgo de corte eléctrico y situación de riesgo de exclusión social, y contemplará la solicitud a los Servicios Sociales de un informe sobre la situación del abonado antes de efectuar un corte de suministro eléctrico.

El contrato, por un valor de 65.260.166 millones para dos años, está dividido en tres lotes, en vez de dos como los anteriores. El concejal ha explicado que el nuevo lote que se ha añadido es "de alrededor de 2 millones de euros", vinculando a los edificios municipales generadores de energías renovables.

El concejal ha explicado también que, aunque las empresas pueden presentar ofertas a los tres lotes, el número máximo que se pueden adjudicar a una misma empresa son dos, con lo que se favorece la "pluralidad".

El nuevo acuerdo marco, que Badia ha remarcado que "será el último", entrará en vigor el 25 de marzo del 2017, una vez finalice el actual y tendrá una duración mínima de un año y máxima de dos años, con la previsión de que finalice en el momento que entre en funcionamiento la comercializadora eléctrica que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona.