La bicicleta ya está consolidada. Lo que se impone ahora es chequear si está bien o mal asentada, esto es, comprobar si el colectivo ciclista conoce sus límites, las normas y los riesgos. Ahí entra en juego, además de la educación y la experiencia de cada uno, la Guardia Urbana y su capacidad de hacer cumplir el ordeamiento. La gran batalla se libra con los locales, pero en los últimos tiempos ha crecido exponencialmente la presencia de excursiones organizadas de turistas. Son grupos de entre cinco y 20 personas que suelen seguir a un guía. Un pelotón capaz de colapsar una acera sin querer y que ahora deberá tener más cuidado: la policía se quita la venda de los ojos y va a empezar a multar a los visitantes que hagan un mal uso de la bicicleta.

Un agente de la Guardia Urbana informa en Sant Jaume sobre las calles vetadas a las bicicletas, ayer. DANNY CAMINAL

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Información publicada en la página 35 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 10 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Para demostrar que esto va en serio, el ayuntamiento invitó ayer a los periodistas a acompañar a una patrulla en su caza del turista infractor. No hubo que andar demasiado. Con punto base en la plaza de la Catedral, la comitiva encontró los primeros incívicos involuntarios en Sant Felip Neri, zona peatonal que algunas empresas de alquiler de bicis suelen usar para conectar con Sant Jaume. El extranjero escuchaba al agente con atención. A pesar de su mejorable inglés, el policía se hacía entender. «Esta zona es peatonal, debe ir usted despacio y si hay mucha gente debe bajarse e ir andando», le predicó. El hombre, con pinta de americano, trasladó el mensaje a lo que parecía ser su familia y todos se fueron muy modosos calle abajo.

Carles Reyner, intendente portavoz de la Urbana, matizó que aquí nadie quiere perseguir a nadie, que de lo que se trata es de «poner orden para que los turistas puedan disfrutar de la ciudad y los peatones puedan circular sin que las bicicletas les piten, les hagan apartar o les den golpes». Lo que, a fin de cuentas, pretende el ayuntamiento es auditar las rutas de estas excursiones para garantizar que en ningún caso se produzca un conflicto con el viandante. De ahí la campaña, que primero será informativa y en unos días pasará a ser de sanciones de 30 euros.

RESPONSABILIDAD PARTICULAR / El intendente Reyner también explicó que las empresas de alquiler de bicis también podrían ser sancionadas por la mala praxis de sus clientes. Ester Boada, presidenta de la Asociación Bicitours Barcelona, donde están agrupadas 10 compañías del sector, no daba crédito a la noticia. «Si nuestro guía incita al incivismo, entonces sí es nuestra responsabilidad. En caso contrario, cada cual debe asumir las consecuencias de sus actos», argumentó Boada.