Barcelona multa a dos inmobiliarias por desahuciar a familias sin ofrecer alquiler social

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto las primeras sanciones a dos sociedades inmobiliarias que desahuciaron por impago a familias vulnerables sin ofrecerles previamente la opción de alquiler social, lo que incumple la ley de la vivienda aprobada por el Parlament. ley de la vivienda Parlament

Según ha informado el ayuntamiento, este se ha hecho cargo de la reubicación de las familias y ha iniciado expedientes sancionadores contra los infractores, que pueden llegar a multas de hasta 90.000 euros. También investiga otros 47 casos similares que podrían acabar también con sanción, según ha detallado el concejal de Vivienda Josep Maria Montaner.

Además, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) ha localizado un caso grave de infravivienda, en el que la empresa alquilaba a una decena de familias, partes de 15 metros cuadrados de una finca sin cumplir las condiciones de habitabilidad, lo que puede conllevar una multa de hasta 900.000 euros.

El ayuntamiento ha iniciado un expediente para declarar la situación de infravivienda y prohibir este uso en la finca.

Esta es una de las primeras acciones de disciplina acciones de disciplina que impulsa la concejalía de Vivienda en este mandato.

Las dos inmobiliarias han sido sancionadas por incumplir la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, ley que obliga a las sociedades y entidades a ofrecer la posibilidad de un alquiler social a las familias que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o las cuotas de alquiler.

UNIFAMILIAR

En el primero de los casos, se trata de una compartimentación de una vivienda unifamiliar, en múltiples infraviviendas ilegales que no cumplen ningún requisito de la normativa de habitabilidad vigente.

En un edificio situado en el barrio de Vilapiscina i Torre Llobeta y a partir de una inspección de técnicos municipales, se constató que el local no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.

La finca está dividida en diferentes espacios de unos 15 metros cuadrados que funcionan de manera independiente cada uno de ellos como una única vivienda, pequeños espacios que incorporan aseo, cocina, ducha y en algunos casos se han ubicado en patios interiores, o en la azotea con volúmenes añadidos con muros simples de fábrica o de ladrillo, con techos de cubierta plana.

Los inspectores encontraron dos contadores de electricidad, uno para un local situado en la planta baja, y otro para el resto de los espacios, los cables ascienden a los pisos superiores por los mismos lugares que las instalaciones de agua. 

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En estos espacios malviven un total de unos 10 ocupantes, que pagarían alquileres de entre 300 y 450 euros mensuales cada uno de ellos.

En los dos primeros expedientes sancionadores por no ofrecer alquiler social que ha incoado el Ayuntamiento de Barcelona, los infractores son personas jurídicas que tienen consideración de grandes tenedores de vivienda, tal como los define la ley, e interpusieron procedimientos judiciales de desahucio por impago del alquiler sin haber requerido previamente información a los afectados y sin haber comunicado ninguna oferta de alquiler social ni a los afectados ni al Ayuntamiento.

Uno de los casos se sitúa en el barrio del Carmel, cuando una inmobiliaria demandó el impago del alquiler sin haber ofrecido previamente la opción de un alquiler social a la persona afectada, que se encontraba en riesgo de exclusión residencial.

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona requirió a la sociedad a ofrecer una alternativa de alquiler social a la persona afectada, dada esta situación de precariedad del afectado, pero ésta continuó el procedimiento para desahuciar al inquilino sin atender a las peticiones y las advertencias que le hizo el ayuntamiento.

CASO OMISO A LA ADVERTENCIA MUNICIPAL

El otro caso se produjo en el barrio de Horta, donde otra inmobiliaria tampoco ofreció la opción de alquiler social como alternativa a un proceso de desahucio, cuando la persona dejó de pagar las cuotas del alquiler de su domicilio.

Esta sociedad también recibió una advertencia de la concejalía de Vivienda, dado que la persona se encontraba en peligro de exclusión residencial, pero igualmente, la sociedad siguió con el procedimiento y finalmente se acabó produciendo el desahucio. La persona afectada con su familia fueron reubicadas a través de la Mesa de Emergencias Sociales.