La Barcelona metropolitana exige a la Generalitat contundencia contra la pobreza energética

Los alcaldes de Barcelona y su entorno metropolitano han apremiado a la Generalitat y al Gobierno central a "dar un paso adelante" que se traduzca en acciones efectivas que palien las carencias que sufren numerosas familias afectadas por la pobreza energética. 

Así lo han acordado los 35 municipios integrantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que este viernes se han reunido en Santa Coloma de Gramenet con la voluntad de revisar su protocolo de actuación y reorientar la estrategia contra la pobreza energética para optimizar su efectividad. El ente supramunicipal tiene previsto crear un programa formativo para las personas más vulnerables, así como impulsar auditorías energéticas para los hogares que más lo necesiten, "para determinar si conviene realizar obras de rehabilitación que mejoren su consumo energético.

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Los consistorios han reclamado desplegar la ley contra la pobreza energética con protocolos estandarizados que compartan todos los municipios, al tiempo que han reclamado a la Generalitat que firme los convenios con las empresas suministradoras para que condonen las deudas de las familias que no pueden pagar la factura energética. 

PROTOCOLO

El AMB ha ampliado en 6 millones para el periodo 2016-19 los cinco que había destinado inicialmente a las carencias energéticas detectadas en la población metropolitana. Ante la situación de emergencia, el ente supramunicipal ha negociado la adhesión de aquellas compañías proveedoras de servicios que han mostrado su disposición. "El Área Metropolitana destina el mismo presupuesto para los 35 municipios que la Generalitat para toda Catalunya", ha destacado el vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del AMB, Jaume Collboni.

“Necesitamos una adaptación de las medidas y actuaciones a las realidades existentes, llegar de la forma más rápida y directa al ciudadano ", ha insistido Collboni. El dirigente del PSC ha destacado que los casos de pobreza energética se han incrementado durante los últimos años, y ya afectan al día a día más de un 10% de hogares catalanes y en torno al 15% en los municipios metropolitanos, según las estimaciones del AMB. Una problemática para la que ha insistido en la necesidad de disponer "del paraguas, el soporte y el marco legislativo de la Generalitat y del Estado".

COOPERACIÓN

La portavoz de la Aliança contra la pobresa energètica, Maria Campuzano, ha celebrado la decisión del AMB de aplicar una ley que, ha recordado, "solo para el golpe ante una situación de emergencia", al tiempo que ha reclamado cooperación entre las adminsitraciones para evitar más cortes de suministro y acelerar la firma de convenios con las compañías distribuidoras. 

La directora del observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Irene Escorihuela, ha reclamado “inspecciones de oficio” para cerciorarse de que las compañías cumplen con la ley en vigor, así como la promoción de campañas informativas para que la población con menos recursos sepa que, por normativa, no se le puede cortar el suministro, una de las medidas contempladas por el gobierno metropolitano.