Barcelona impone 27 sanciones a suministradoras por cortar el servicio sin informar debidamente
El ayuntamiento ha atendido a 800 personas en un mes en 10 puntos sobre pobreza energética
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Por qué confiar en El Periódico La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado este jueves que el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 74 expedientes sancionadores a empresas suministradoras, de los que 27 han acabado en sanción, si bien estas no han sido abonadas y siguen su curso administrativo, a la vista de que las alegaciones de las empresas. Según el consistorio, la mayoría de estas multas, que son por no informar de forma correcta a los clientes antes de cortarles el suministro por impago, corresponden a Endesa. Se trata de sanciones previstas en la ley 24/2015, que no ha sido suspendida en la parte que afecta a la pobreza energética.
Ortiz ha comparecido para hacer balance del funcionamieto de los 10 puntos de asesoramiento sobre pobreza energética que el ayuntamiento abrió el pasado 20 de enero. Ha precisado que en este periodo han atendido a más de 800 personas, de las cuales el 65% tienen dificultad de pagar las facturas de los suministros y para mantener su hogar a una temperatura adecuada. Es decir, son afectados por pobreza energética. Ortiz ha considerado que el número de personas que se han acercado a los puntos de asesoramiento energético (PAE) es destacable dado que la ciudadanía no conoce todavía de forma amplia su existencia.
BONO SOCIAL
La teniente de alcalde ha relatado que mediante la atención a estas 800 personas se han evitado 150 cortes del servicio gracias a los puntos de atención y ha explicado que se han generado 28 bonos sociales mediante las oficinas del consistorio. En 52 casos, ha sido necesaria un intervención directa y urgente en el hogar.
Ortiz ha recordado que la prueba piloto que el consistorio hizo hace un año reveló que solo el 33% de los hogares afectados por la pobreza energética conocían el bono social y solo el 17,3% disponían de esta factura reducida, destinada a hogar
EL CONVENIO PENDIENTE
Ortiz también ha aludido al convenio que las administraciones catalanas quieren que las suministradores firmen, y en el que se incluyen obligaciones como que asuman el 50% del coste de la pobreza energética. La pelota está en el campo de las empresas, que hasta ahora han demostrado que no están por la labor. La última vez, cuando declinaron participara en el concurso energético del consistorio, que incluía como condición para optar la firma del convenio.
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