El Periódico

ÚLTIMA HORA Un nuevo ciberataque mundial bloquea empresas y bancos

¿Licencia para desokupar?

El ayuntamiento estudia la legalidad de los desalojos de la empresa Desokupa

Abogados cuestionan la actividad según si el inquilino se siente o no intimidado

¿Licencia para desokupar?

CARLOS MONTAÑÉS

Dos personas consultan la web de Desokupa.

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

Lunes, 5 de septiembre del 2016 - 21:58 CEST

Nada más producirse el fallido intento de desalojo de un piso del Raval por parte de la empresa especializada Desokupa, un representante del distrito de Ciutat Vella se refirió al episodio como "prácticas al margen de la legalidad", "métodos impropios" y como un procedimiento "irregular". Pero el Ayuntamiento de Barcelona insiste ahora en que está "estudiando la legalidad" de la actividad de esta empresa que supuestamente intermedia al margen de la vía judicial para recuperar domicilios ocupados sin contrato o por los que no se paga alquiler. Ni siquiera los abogados consultados por este diario coinciden en el diagnóstico, ya que la percepción de la intimidación o coacción es tan sutil como para bordear la ley.

El ayuntamiento liderado por la alcaldesa Ada Colau, con pasado activista contra los desahucios, dice estar analizando los procedimientos de Desokupa para establecer si están dentro de la legalidad. Pero, según fuentes municipales, en caso de tratarse de una práctica incorrecta no sería el consistorio quien tendría que intervenir sino la Inspecció Territorial de Treball de la Generalitat, al corresponder al ámbito de la empresa. De momento, a los Mossos no les constan denuncias de inquilinos que hayan podido ser coaccionados. La pelota parece estar en el tejado de nadie, pese a la alarma social.

La lentitud del proceso judicial "desespera" a los propietarios

Los abogados del ICAB consultados, aunque cuestionen las prácticas de empresas como Desokupa, tienen claro que es necesario agilizar la vía judicial porque el propietario está actualmente bastante desprotegido por la ley. La situación suele ser "desesperante para el propietario", mantiene la penalista Mireia Balaguer, ya que el proceso civil por un desahucio puede ser muy lento, y la vía penal por una usurpación también lleva su tiempo. Además, el código penal la considera como un delito leve, y en cambio es contundente si un propietario se toma la justicia por su mano: uno no puede cambiar la cerradura ni recuperar un piso por su cuenta. Marta Lejarreta añade que si la solución fuera más ágil, no llegarían a irrumpir estos desalojos paralelos, "pero si se tarda 1,5 años en llegar a recuperar un piso" hay quien busca soluciones por su cuenta. En el caso del Raval, los ocupantes habían sido inquilinos legales durante un tiempo, y tras perder la vivienda volvieron a ella. Después de más de un año residiendo en el inmueble sin pagar, tienen juicio por el caso el próximo noviembre.

La empresa Desokupa, como informó ayer este diario, afirma haber realizado más de una treintena de desalojos en Nou Barris y el Raval. En este barrio fue donde el caso del pasado 25 de agosto, en la calle de la Cera, destapó el modus operandi del servicio que lidera el empresario Daniel Esteve. Los vecinos y activistas de la zona frustraron entonces el desalojo, muy distinto al que Desokupa llevó a cabo en Gràcia en abril, donde el perfil era de casa okupada grupalmente. En el Raval se trataba de inmigrantes filipinos que no pagaban por el piso.

PRESENTACIÓN CORRECTA

Para Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), la actividad de la empresa en los términos de intermediadora en que se publicita en internet, abogando por acuerdos y sin procesos legales, aparenta ser correcta. La ley es clara al contemplar solo el acuerdo amistoso o la vía judicial en estos procesos. En cambio, un desalojo sin consentimiento o con coacciones debería ser puesto en conocimiento de la policía o la fiscalía al "perturbar la posesión" del domicilio. "Cualquiera que se sienta intimidado debe denunciarlo" para que el juez establezca si es o no ilícito.

Con amenazas o entrando en el domicilio no habría dudas, pero ¿basta la robustez de los trabajadores de Desokupa, su pelo rapado, los tatuajes en algunos casos o su presencia en grupos de cuatro o cinco para resultar intimidatoria? Mireia Balaguer, penalista del ICAB, considera que la estética sí es relevante, y que no es lo mismo recibir una visita de un representante de la propiedad con traje y corbata que con el mencionado aspecto, capaz de suscitar temor al ocupante. Claramente sería "coacción" ubicar a un individuo en el portal de la finca controlando el paso, como sucedió en la calle de la Cera. Uno de los problemas de estos intentos de desalojos es la dificultad de identificar al autor de las coacciones, insiste. Por eso, los vecinos de la finca pidieron a los mossos en agosto que identificara al grupo de Desokupa.

La vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB Marta Lejarreta sostiene que estas situaciones se dan hace años, aunque sin el formato de empresa explícitamente dedicada al desalojo. Coincide en que el miedo podría ser irracional y que basta con "generar la sensación" para que se produzca la coacción, según su actitud. Otra penalista especializada en estos casos asume la dificultad de evaluar la actividad: "Yo lo vería como coacción y como asociación ilícita para un delito" (en especial en el caso de Gràcia, donde apreciaría allanamiento), pero no sé si ganaría un pleito", reflexiona, ante las aristas del caso.

No obstante, en esa sutil frontera es determinante que el ocupante denuncie, algo que no suele suceder porque quien vive ilegalmente en una vivienda (muchas veces colectivos vulnerables) no suele recurrir a la policía, salvo que medie alguna entidad, como en el Raval. 

Desde la política, hasta ahora solo ha movido ficha un diputado del PSC al pedir al Parlament que investigue de Desokupa y denunciar sus "vínculos con la extrema derecha".

Un fenómeno reciente y bajo sospecha

1- DESALOJO FORZOSO EN GRÀCIA. Ocho hombres de la empresa Desokupa se presentaron en Can Dimoni, en Gràcia, con un cerrajero aprovechando que los okupas que llevaban meses instalados habían salido el pasado abril. Estos aseguran que fue destruido parte del inmueble para imposibilitar su uso. Los Mossos conocieron entonces su existencia, afirman.

2- SURGE LA CAMPAÑA STOP DESOKUPA. Alertados por esta nueva vía de desalojo rápido, algunos activistas crearon la campaña Stop Desokupa, desde cuyo blog se anima a denunciar a los afectados por Desokupa y se ilustra sobre este y el caso del Raval. El colectivo dice desconocer que existan decenas de casos como los que afirma haber llevado a cabo la empresa.

3- EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA MEDIACIÓN. Recomienda a los propietarios que sufran una okupación o un proceso de impago que acudan al servicio municipal SIPHO que interviene en estos casos, ofreciendo también mediación y asesoría a quienes están al otro lado, al borde del desahucio. Piden que no se recurra a vías de desalojo cuya legalidad está en estudio.

4- CiU ANIMA A DENUNCIAR Y CRITICA A COLAU. El concejal Joaquim Forn, portavoz de CiU en el consistorio, pide que se denuncie cualquier coacción o intimidación sea de empresas o particulares. Abre una reflexión a que algunos confíen más en una empresa que en la justicia, si el ciudadano no se siente protegido. Y si Colau ha hecho que aumente "la sensación de impunidad de los okupas".

Playas de Barcelona en los años 80
Envíanos fotos
de la Barcelona
preolímpica
Buscamos imágenes de cómo eran Montjuïc, la playa, El Prat o la actual Vila Olímpica.
ENVÍA TU FOTO

El club quiere cuatro fichajes y se va a gastar 230 millones de euros