Barcelona amenaza a las energéticas con dejar de pagarles facturas de familias sin recursos

El pulso no empieza hoy, y aunque que por ahora no ha torcido la mano de las empresas energéticas, se mantiene. El Ayuntamiento de Barcelona ha instado este lunes a las suministradoras a asumir “como mínimo” la mitad del coste que la ciudad paga destina en concepto de pobreza energética, un total que se calcula en unos tres millones de euros, que se dedican a asumir impagos de familias vulnerables y a atenderlas.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que ha acompañado su llamamiento de una amenaza concreta: el consistorio dejará de dar ayudas económicas a usuarios para que se abonen las facturas que estos no pueden asumir. El argumento de la concejal es que no hay que evitar cortes con esos pagos, ya que la ley 24 /2015, no suspendida en cuanto a pobreza energética, deja bien claro que no se puede cortar al suministro a familias en una situación económica de vulnerabilidad.

Además, recuerda Ortiz, la norma prevé que las compañías ayuden a pagar la factura en estos casos, si bien, ha admitido a renglón seguido, no precisa en qué proporción deben contribuir. Las empresas, por su parte, tanto en su interlocución con el consistorio como con la Generalitat, han dejado clara su escasa voluntad de aportar recursos con tal fin.

AYUDAS EN CUESTIÓN

Ortiz ha afirmado que el ayuntamiento “se da unas semanas de negociación” antes de acabar con las ayudas para facturas impagadas, y lo ha justificado por la necesidad de “dejar de utilizar recursos públicos” para pagar lo que deben asumir las suministradoras. De los citados tres millones de euros anuales que el consistorio dedica a pobreza energética, cerca de 800.000 euros de las arcas municipales se destinan a las empresas para cubrir los impagos de facturas por parte de usuarios sin recursos. A la vista de las declaraciones de la teniente de alcalde, que ha dicho que las suministradoras deben ayudar en el pago de facturas pero también en la atención a quienes sufren pobreza energética, el ayuntamiento quiere que las empresas paguen 1,5 millones al año y amenaza con dejarla sin los cerca de 800.000 euros en ayudas.

Barcelona intenta desde hace meses que las suministradoras firmen convenios con el ayuntamiento en los que quede recogida su responsabilidad, así como multas previstas por cortes indebidos. Según anunció Ortiz en julio, que las empresas no firmen el convenio, en sí mismo, podría dar pie a que sean castigadas por  una infracción grave. La multa impuesta es la prevista en el Código de Consumo, que en caso de infracciones graves va de 10.000 a 100.000 euros.

AMPLIACIÓN

Ortiz ha anunciado que el ayuntamiento abrirá nuevos puntos de atención a la pobreza energética (PAPE) en seis distritos, que se suman a los cuatro que ya funcionaron durante cinco meses el año pasado, y que supusieron una experiencia piloto, en Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuïc. El proyecto de los 10 puntos de atención lleva aparejado un presupuesto para dos años de 4,45 millones de euros. El servicio será asumido por entidades sociales y supondrá la contratación de 100 personas formadas como asesores energéticos en un programa para desempleados de larga duración. Las PAPE ayudarán a tramitar informes de exclusión residencial, hacer gestiones de cambio de tarifa con las empresas y gestionar ayudas, y harán de enlace con los servicios sociales.

En los cuatro distritos en los que ya se ha probado la gestión de las PAPE, los puntos de atención se gestionarobn mediante un convenio entre el consistorio y Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) en el que participaron varias asociaciones encabezadas por ABD. La prueba sirvió para analizar un total de 3.100 hogares, de una lista aportada por los servicios sociales: el 60% sufría pobreza energética, a un 13% le habían cortado un suministro básico y cargaban con una deuda media de 348 euros.

BONO SOCIAL, ESE DESCONOCIDO

Otra característica del grupo confirma una situación llamativa: apenas un 33% de las familias sabía qué es el bono social y tan solo un 17,3% lo pagaba, pese a que un 65% cumplía con los requisitos para acceder a esa tarifa reducida.