Los diez principales frentes abiertos de Colau

Turismo, vivienda, Guardia Urbana y otros asuntos pendientes del actual ayuntamiento

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MOVILIDAD

Bicis, supermanzana y huelga de metro

El gobierno empezó fuerte en materia de movilidad con la promesa de terminar el mandato con más 300 kilómetros de carriles bici (casi el triple que en el 2015). Todo indica que lo conseguirán. Más vale, porque la ordenanza de circulación obliga a echar a los ciclistas de las aceras y las prórrogas para que la norma entre en vigor ya empiezan a oler mal.

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El gobierno impulsó en septiembre la primera supermanzana de la trama Eixample, en el Poblenou. Una buena idea, pero gestionada de manera errática. El ayuntamiento estudia implantar más zonas pacificadas, con el reto de que el tráfico no se resienta. En cuanto a los desafíos de futuro, falta desplegar la totalidad de la nueva red de bus y sacar adelante el gafado tranvía por la Diagonal. También está pediente resolver el conflicto laboral en el metro que ya ha causado 20 días de huelgas en año y medio.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Paralización de las obras del túnel de Glòries

A pesar de disponer de un presupuesto para nuevas inversiones envidiable, el gobierno de Colau no ha priorizado las obras urbanísticas o las infraestructuras. Le ha tocado lidiar con la fase 1 del túnel de Glòries (un proyecto heredado), cuyo contrato con las constructoras rompió hace un mes después de que una auditoría detectara un desmadre insólito en la ejecución del trabajo. La obra está parada y habrá que convocar un nuevo concurso. El consistorio promete que en enero volverá el movimiento, pero son pocos los apuestan porque así sea.

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En materia urbanística también se empezará a cubrir la Ronda de Dalt y ya se trabaja en la reforma de Pere IV. Proyectos como la Meridiana deberán esperar. El ayuntamiento ha desatascado el ramal de la línea 10  de metro a la Marina (inyectando dinero en la Generalitat) y sigue presionando para que el Estado impulse de nuevo la Sagrera.

TURISMO

Cerrojo al alojamiento y el reto de la descentralización

Domesticar el éxito turístico de Barcelona (en términos numéricos y económicos) para paliar sus efectos secundarios (traducidos en saturación de viajeros en los barrios céntricos y monopolización de servicios y comercio hacia estos) ha sido desde el minuto uno prioridad del gobierno de Colau. Su primera medida, la moratoria hotelera, ya supuso un terremoto sectorial, al que siguió el plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT), que cierra el grifo al crecimiento en el centro y sus barrios fronterizos y lo limita a la periferia, con condicionantes de densidad y distancias.

Los hoteleros critican que se ahogue la inversión y que Colau haya demonizado al turismo, pero en algunos barrios los vecinos aún piden más mano dura. Fomentar la descentralización es un reto todavía muy verde. De momento, la tasa turística solo se ha extendido a los cruceristas en escala, sin afectar a otros muchos millones de excursionistas de un día.

CONTAMINACIÓN

Veto a los vehículos de más de 20 años

Será por el foco inquisitorial de la Comisión Europea o por las alertas de  la Organización Mundial de la Salud. O sencillamente por la concienciación autóctona de que el impacto del tráfico en la contaminación atmosférica, y por ende, en la salud de las personas no puede seguir desbocado. Lo que es seguro es que Barcelona lidera la ofensiva del Área Metropolitana de Barcelona para poner fecha de caducidad a los turismos con mayor efecto nocivo sobre el aire del entorno.

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Los automóviles de más de 20 años y las furgonetas con un mínimo de 23 no podrán circular por Barcelona y una cuarentena de municipios metropolitanos a partir del 2020, de lunes a viernes, y con independencia del estado del aire, en una decisión consensuada con la Generalitat y que causa recelo en algunos sectores de la ciudadanía. La finalidad es reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en 15 años, un 10% en el próximo lustro.

VIVIENDA

Alquileres por las nubes ante la escasez de la oferta

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La lenta salida de la crisis económica está propulsando los precios de la vivienda en Barcelona, de venta y alquiler, a un ritmo muy superior al del resto de Catalunya e incluso de Madrid. Los alquileres subieron un 9% en el 2016 en la ciudad, según la Agència de l’Habitatge, con una media de 801 euros. Pero las plataformas inmobiliarias cifran el aumento incluso en un 18%, y la realidad es que es difícil hallar pisos por debajo de 800 euros en la mayoría de barrios. Colau ha defendido crear un índice de referencia de precios, de la mano del Govern, que topa con la negativa del Ministerio de Fomento.

En Barcelona hay unos 205.000 pisos de alquiler, muchos en manos de inversores y particulares que buscan rentabilidad. Al haberse reducido a tres años los contratos, crece la rotación y la demanda es superior a la oferta, lo que expulsa a muchos vecinos de los barrios.

SEGURIDAD

Un pulso permanente con la Guardia Urbana

En materia de seguridad, el equipo de Ada Colau se ha visto inmerso durante estos dos años de gobierno en un enfrentamiento librado desde dos polos opuestos, e irreconciliables. Por un lado, la formación anticapitalista de la CUP y por el otro la Guardia Urbana de Barcelona. Guiar políticamente al cuerpo municipal no ha resultado sencillo en este contexto. Sobre todo cuando ha tocado lidiar con el fenómeno de la venta ambulante, un tema que provocado las tensiones más elevadas, con episodios como el del 'caso Garganté'. Recientemente ha estallado otra bomba en el seno del cuerpo policial con el crimen de los urbanos, a raíz del cual se ha puesto de nuevo la lupa sobre la manera de proceder de algunos agentes municipales durante los arrestos de manteros.

MUNICIPALIZACIÓN

Agua y servicios funerarios

Uno de los frentes del gobierno es el de las municipalizaciones. Se ha propuesto ofrecer un servicio público del agua y los servicios funerarios, y está en proceso de activar una operadora eléctrica municipal que cubrirá el consumo del consistorio y de 20.000 familias. En el caso del agua, el ayuntamiento calcula un ahorro anual por consumidor de 25 euros y está a la espera de una sentencia. Después de que Agbar gestionara el servicio en el área metropolitana durante más de un siglo sin mediar concurso público, la AMB creó en el 2012, gracias a un acuerdo entre CiU y el PSC, una sociedad público-privada, también sin concurso, lo que dio pie a recursos de Acciona, Aqualia y Aguas de Valencia. El Supremo decidirá, se calcula que en el 2018. En el caso de la funeraria, el gobierno tuvo que retirar el proyecto de un pleno por la falta de apoyos, que sigue buscando.

FRENTE IDEOLÓGICO

Franco decapitado

Al gobierno de Colau se le ha acusado de fomentar conflictos por sus querencias ideológicas. El mayor estruendo en este campo lo provocó la exhibición de la estatua ecuestre de Franco decapitado en el Born, que provocó una rebelión soberanista, en el marco de la cual CiU y ERC protestaron amargamente por la exposición. El borrado de restos monárquicos del consistorio y de la ciudad también ha generado polémica. Nada más llegar al cargo, hizo retirar el busto de Juan Carlos de Borbón del salón de plenos, que ya no se denomina de la Reina Regente, sino de Carles Pi Sunyer, alcalde de Barcelona durante la segunda república. En otro de los cambios, que también suscitó críticas de algunos partidos de la oposición, la plaza de Llucmajor, en Nou Barris, se denomina ahora plaza de la República. La próxima en perder su nombre será la plaza de Antonio López, por su pasado negrero.

INMIGRACIÓN

El cierre imposible del CIE

El centro de internamiento para extranjeros (CIE) ubicado en la Zona Franca de Barcelona está en el punto de mira del gobierno municipal, pero por ahora los disparos han resultado de fogueo. El ayuntamiento anunció el precinto de la instalación, que Interior había cerrado temporalmente por reformas, y el ministerio contestó reabriéndolo ese mismo día. Desde que retomó su actividad a pleno rendimiento, en septiembre, el centro ha contado con una gran presencia de internos. El consistorio sigue luchando en el frente judicial en una batalla que parece difícil que acabe ganando. Parte de la oposición considera que la orden de precinto fue en realidad un gesto para la galería que no podía prosperar. El gobierno también ha recibido quejas por su rotunda apuesta por la acogida de refugiados pese a que no forma parte de sus competencias.

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Siguen los desahucios, sube la atención

En política social, el actual gobierno ha incrementado partidas presupuestarias y ha hecho un plan de barrios, a imagen y semejanza de los del tripartito, con un presupuesto de 150 millones de euros para todo el mandato. El equipo de Colau, que proviene en una parte considerable de la lucha por la vivienda y contra los desahucios, se topa con la realidad de que estos no han menguado. La oposición dice que ahora hay más que antes. El gobierno municipal, con Colau a la cabeza, lo niega y subraya que lo relevante es que ahora el consistorio ha redoblado la atención que dedica a los que se quedan sin vivienda por impago. A finales del 2015, el gobierno creó la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), que se centra en intentar evitar que se consumen los desalojos, basándose en la ley 24/2015, parcialmente paralizada por un recurso del Gobierno central.